La denuncia de una estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, víctima de abuso sexual dentro del propio plantel, es una herida abierta que exhibe con crudeza el fracaso moral y administrativo de una institución que se precia de formar juristas y defensores de la justicia. Lo ocurrido el pasado 17 de octubre no es un hecho aislado, sino el síntoma de una enfermedad profunda: la normalización del abuso, la indiferencia institucional y la impunidad universitaria.
Según la denuncia presentada ante la Fiscalía General del Estado, tres estudiantes y un hombre ajeno a la UASLP participaron en el ataque, después de haber consumido alcohol y drogas dentro del campus. Pero lo verdaderamente escandaloso no es solo el crimen, sino las omisiones de quienes debieron prevenirlo: autoridades académicas que toleran el consumo de sustancias en horario escolar, personal que no supervisa las instalaciones y una dirección que —de acuerdo con el expediente— alteró el lugar de los hechos.
¿Cómo se llega a esto en una facultad donde se supone que se enseña el respeto a la ley? La respuesta es incómoda: porque la UASLP ha permitido durante años que los mecanismos de protección y denuncia sean mera simulación. Porque se encubre a profesores acusados de acoso, se minimizan las quejas de las alumnas y se guarda silencio cada vez que un caso incomoda a las autoridades. El reciente reclamo de las estudiantes de Economía, que exigieron la destitución de un docente señalado por hostigamiento, ya advertía la magnitud del problema. Pero la universidad no escuchó.
Hoy, ese silencio institucional se convierte en complicidad. Mientras la Fiscalía abre una carpeta de investigación, la UASLP guarda mutismo. Ni una postura pública, ni un acto de solidaridad con la víctima, ni una autocrítica mínima. Esa indiferencia revela más que cualquier comunicado: revela una cultura universitaria que protege reputaciones antes que personas, que teme al escándalo más que a la injusticia.
El rector, las autoridades de la Facultad de Derecho y el Consejo Directivo Universitario deben entender que esto no se resuelve con comunicados tibios ni con comisiones internas. Se trata de una agresión sexual dentro de un espacio educativo; un crimen que obliga a revisar desde la seguridad hasta la ética de quienes dirigen la institución. La universidad no puede seguir siendo refugio de abusadores ni cómplice de omisiones.
Si la UASLP no actúa con transparencia, si no cesa de inmediato a los responsables y garantiza justicia para la víctima, su prestigio se derrumbará no por la denuncia, sino por su cobardía. Porque nada destruye más a una universidad que su propia indiferencia ante el dolor de quienes deberían sentirse seguras entre sus muros.
La justicia no puede esperar, y el silencio ya no es opción. La UASLP tiene hoy la oportunidad de demostrar que enseña derecho y no impunidad. Pero el tiempo corre, y las alumnas están cansadas de esperar.
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