La madrugada del 7 de junio de 2024 se tiñó de luto en San Luis Potosí. Dos jóvenes perdieron la vida y otros luchan por ella tras la tragedia en el antro Rich. Más allá del dolor inmediato, surge una pregunta punzante que exige respuesta: ¿Fue esta muerte evitable? Las contundentes acusaciones apuntan a una verdad incómoda: el Ayuntamiento de San Luis Potosí tiene una responsabilidad indeleble en esta catástrofe.
El núcleo de la denuncia es claro y devastador: el Rich operaba bajo un disfraz oficial. Contaba con una licencia de uso de suelo expedida por la Dirección de Administración Territorial y Desarrollo Urbano en mayo de 2023, permisos de Ecología y Protección Civil… pero todos estos documentos autorizaban su funcionamiento únicamente como “restaurante-bar”. Sin embargo, la realidad que conocían vecinos, asistentes y, crucialmente, los propios inspectores municipales, era muy distinta. La Dirección de Comercio Municipal y sus agentes “sabían y conocían de los eventos que semanalmente se llevaban a cabo dentro del antro disfrazado de restaurante, pues lo que se vendía eran bebidas embriagantes en exceso”.
Este es el meollo de la negligencia criminal: La omisión cómplice. Saber y no actuar. Tener la autoridad para clausurar un establecimiento que, violando flagrantemente sus permisos, funcionaba como una discoteca con venta desmedida de alcohol – un ambiente con riesgos inherentes muy superiores a los de un simple restaurante-bar – y elegir mirar hacia otro lado. La administración municipal, a través de su brazo inspector, normalizó la ilegalidad. Permitió que un local en una plaza pública capitalina operara fuera de la ley, acumulando peligros que finalmente estallaron con consecuencias fatales.
Las implicaciones jurídicas, como bien expone se exponen son graves. No se trata solo de una falta administrativa, de una clausura que llegó tarde. Ante la pérdida de vidas humanas, estamos frente a la posible configuración de delitos como el homicidio culposo por omisión y corrupción de menores (en un ambiente de excesos de alcohol). Los funcionarios que firmaron permisos inadecuados, los inspectores que recorrieron el lugar y nunca actuaron ante las evidentes violaciones, los superiores que toleraron esta cadena de desidia, deben responder no solo con inhabilitaciones administrativas, sino ante un tribunal penal. La gravedad de las consecuencias exige una responsabilidad proporcional.
La tragedia del Rich no es un accidente aislado. Es el síntoma letal de un sistema podrido de permisos laxos, inspecciones negligentes y una cultura de impunidad que permite que los establecimientos operen fuera de la ley mientras las autoridades municipales cobran sueldos por no hacer su trabajo. Es la crónica de una muerte anunciada que el Ayuntamiento eligió ignorar.
Las familias destrozadas exigen respuestas. Exigen que la investigación no se quede en los propietarios del antro, sino que ascienda hasta los escritorios municipales donde se firmó el permiso, se archivó la denuncia tácita y se prefirió la comodidad de la omisión a la responsabilidad de la acción. Que el dolor de estas jóvenes vidas perdidas no sea en vano y sirva para purgar la corrupción e ineptitud que las permitió. El Ayuntamiento tiene una deuda de sangre. Que la pague ante la ley. La impunidad administrativa es, en este caso, cómplice del homicidio.
