El Sistema de Pensiones del Estado vuelve a colocarse en el centro del debate público por una razón incómoda pero ineludible: su sostenibilidad financiera descansa, en buena medida, sobre pensiones que hoy resultan difíciles de justificar frente a la realidad económica de la mayoría de la población. El propio director del organismo reconoce una presión creciente, aunque insiste en que los pagos están garantizados y al día. Esa afirmación, correcta en lo inmediato, no despeja las dudas de fondo.
Que alrededor de 250 pensionados reciban hasta 146 mil pesos mensuales no es un dato menor. No se trata de una cifra aislada, sino del reflejo de un esquema laboral y salarial del pasado que permitió sueldos muy por encima del promedio nacional y que hoy siguen impactando las finanzas públicas. La legalidad de estos pagos no está en discusión, pero sí su peso dentro de un sistema que debe atender a miles de derechohabientes presentes y futuros.
Las recientes manifestaciones en las instalaciones de Pensiones evidencian otro problema: la desconfianza. Aunque los pagos se realizaron en tiempo y forma, el solo temor a un posible incumplimiento bastó para detonar protestas. Esto revela que la tranquilidad financiera que se comunica desde la dirección no siempre se percibe del mismo modo entre los beneficiarios, sobre todo en un contexto donde los montos y los tiempos de pago generan tensión constante.
Las cifras de cierre de año son contundentes. Más de 780 millones de pesos erogados en noviembre y más de mil 300 millones en diciembre colocan al sistema en un nivel de gasto sin precedentes. Que el total supere por más de mil millones lo ejercido en 2024 puede interpretarse como una mayor capacidad financiera, pero también como una señal de alerta sobre la velocidad con la que crece el compromiso económico del organismo.
La proyección para 2026, cercana a los 4 mil millones de pesos, confirma esa tendencia. La incorporación mensual de hasta 100 nuevos pensionados plantea un escenario que exige algo más que optimismo administrativo. No basta con garantizar pagos hoy; es indispensable revisar la viabilidad del sistema a mediano y largo plazo, así como los mecanismos que eviten que esta carga termine por desbordar las finanzas públicas.
El anuncio de un programa de préstamos con esquemas reforzados de recuperación apunta en la dirección correcta, pero no resuelve el problema estructural. El reto del Sistema de Pensiones del Estado no está solo en cumplir con la ley, sino en equilibrar derechos adquiridos con responsabilidad financiera. Ignorar esa tensión sería, a la larga, más costoso que reconocerla y enfrentarla con decisiones de fondo.
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