El gobierno mexicano ha insistido en que el sistema de salud pública se encamina hacia un modelo ejemplar, comparable al de Dinamarca, donde la universalidad, la calidad y la accesibilidad son pilares. Sin embargo, la realidad en comunidades marginadas del país desnuda una brecha abismal entre las promesas y lo concreto. Según datos revelados por Alejandro Svarch, director general de IMSS-Bienestar, hoy 99 hospitales públicos en México carecen de quirófanos operativos dejando a miles de pacientes en el abandono. Este no es un problema de logística, sino un fracaso ético y estructural que exige una revisión urgente.
El Hospital Comunitario de Tamazunchale, en San Luis Potosí, sintetiza la paradoja del sistema: equipos modernos acumulan polvo mientras pacientes esperan cirugías imposibles. La razón no es la falta de tecnología, sino la ausencia de personal capacitado para operarla. Este escenario se repite en al menos cinco hospitales de la Huasteca Potosina y en decenas más a nivel nacional. ¿De qué sirve invertir en infraestructura si no hay médicos, enfermeras o anestesiólogos? La respuesta revela un enfoque miope: se privilegia el anuncio mediático sobre la sostenibilidad del servicio.
La falta de quirófanos funcionales no solo retrasa cirugías; colapsa el sistema. Hospitales en ciudades cercanas, como Monterrey o Guadalajara, absorben una demanda que debería resolverse localmente. Familias enteras se endeudan para costear traslados, mientras pacientes con apendicitis, fracturas o complicaciones obstétricas arriesgan su vida en trayectos interminables. En un país con altísima mortalidad materna y enfermedades tratables, esta negligencia tiene nombre: exclusión.
Mientras Dinamarca invierte el 10% de su PIB en salud con un modelo descentralizado y centrado en la prevención, México apenas destina el 2.8%, según la OCDE. Pero el problema no es solo presupuestario: es de gestión. Los recursos se diluyen en corrupción, falta de planeación y una burocracia que desincentiva la innovación. Dinamarca garantiza acceso equitativo; aquí, la salud sigue siendo un privilegio geográfico.
Resolver esta crisis requiere más que parches. Primero, auditorías transparentes para identificar dónde falla la inversión: ¿se roban los fondos, se asignan mal o se desperdician? Segundo, formar y retener talento con incentivos para que profesionales trabajen en zonas marginadas. Tercero, integrar tecnología no como símbolo, sino como herramienta vinculada a capacitación constante.
La salud no puede ser una promesa electoral, sino un derecho exigible. Cada quirófano inoperativo es un recordatorio de que, mientras no haya voluntad política para priorizar vidas sobre intereses, el “modelo danés” seguirá siendo un espejismo. México merece un sistema donde la excelencia médica no dependa del código postal. La pregunta es: ¿están los gobernantes dispuestos a hacerlo realidad?
La salud pública en México es el termómetro de la justicia social, y hoy, su fiebre indica que el diagnóstico es claro: la desigualdad mata.
