La reforma electoral que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum nace con una debilidad de origen: pretende transformar un sistema sin tocar los pilares que sostienen a quienes hoy garantizan la mayoría legislativa. No es un problema de voluntad política ni de narrativa pública; es, simplemente, un choque frontal con intereses que el Partido Verde y el Partido del Trabajo consideran inamovibles.
En el discurso, la reforma se presenta como un ejercicio de austeridad, equidad y modernización democrática. En la práctica, se estrella contra tres figuras que para esos partidos son intocables: los legisladores plurinominales, el financiamiento público y el fuero. No se trata de detalles técnicos ni de ajustes menores. Son los mecanismos que les han permitido sobrevivir, crecer y negociar durante décadas. Pedirles que renuncien a ellos equivale a pedirles que acepten su propia irrelevancia futura.
Hay quienes suponen que el Ejecutivo podría destrabar el apoyo legislativo ofreciendo gubernaturas o posiciones de poder territorial. Es una lectura simplista. Para partidos que han vivido más de treinta años bajo el mismo modelo, cambiar reglas estructurales a cambio de uno o dos gobiernos estatales resulta un mal negocio. Las gubernaturas pasan; las reglas que aseguran representación y recursos, no.
En ese contexto, la reforma, tal como está planteada, parece condenada al bloqueo. Y cuando una iniciativa central se vuelve inviable por la vía política, surge una tentación peligrosa: buscar atajos. Ahí es donde el debate se vuelve verdaderamente delicado.
Una de esas rutas alternativas sería ajustar el funcionamiento del Instituto Nacional Electoral desde el ángulo presupuestal. Reducir costos suena bien en el papel, pero hacerlo a costa del Servicio Profesional Electoral Nacional implica debilitar el corazón técnico que ha dado certeza a los procesos electorales. No es un gasto ornamental; es la columna vertebral que separa la organización electoral de la improvisación.
Otro cambio que genera inquietud es la idea de sustituir el modelo de casillas cercanas al domicilio por grandes centros de votación. Bajo el argumento del ahorro, se obligaría a los ciudadanos a recorrer mayores distancias para ejercer un derecho básico. Menos casillas no significan solo menos costos; significan también más filas, más obstáculos y, potencialmente, menor participación. La eficiencia administrativa no puede medirse ignorando el impacto cívico.
A esto se suma una propuesta aún más riesgosa: empalmar la consulta de revocación de mandato con la elección intermedia. Mezclar ambos ejercicios desnaturaliza a los dos. La elección se contamina de lógica plebiscitaria y la revocación pierde su carácter excepcional. El resultado sería un proceso confuso, politizado al extremo y con reglas desdibujadas.
Sin embargo, el silencio más preocupante no está en lo que se propone, sino en lo que se omite. La reforma no ofrece una respuesta clara frente a la creciente influencia del crimen organizado en los procesos electorales. No hay un diagnóstico profundo ni medidas concretas para enfrentar un fenómeno que ya no es marginal, sino estructural en varias regiones del país. Discutir reglas, costos y modelos sin abordar este problema equivale a cambiar la cerradura mientras la puerta sigue abierta.
La discusión electoral merece algo más que consignas y buenos deseos. Requiere realismo político, sensibilidad democrática y, sobre todo, una visión integral del país que se quiere gobernar. Sin eso, cualquier reforma corre el riesgo de convertirse en un ejercicio retórico: ambicioso en el discurso, frágil en los hechos y, al final, incapaz de cumplir lo que promete.
