Cada año, el 8 de marzo llega cargado de símbolos. En la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), las paredes se visten con frases cogidas de académicas y mujeres históricas, mientras el edificio se convierte en un escenario de contradicciones. Bajo ese manto de aparente progresismo, la institución esconde un sistema que prioriza la simulación sobre la justicia, el silencio sobre la reparación y la reputación sobre la dignidad de su comunidad.
No hay duda: las citas inspiradoras en murales o pancartas son un gesto fácil. Son cómodas, políticamente correctas y, sobre todo, inertes. Mientras la fachada se pinta de discursos feministas, en las aulas y oficinas de la UASLP persisten docentes denunciados por acoso, casos archivados bajo el polvo de la burocracia y víctimas abandonadas a su suerte. La universidad parece creer que una pared intervenida con frases de Simone de Beauvoir o Rosario Castellanos basta para calmar la indignación. Pero las supervivientes de violencia no necesitan lemas: exigen acciones concretas.
Bajo la dirección de Urenda Queletzú Navarro Sánchez, la Oficina de la Abogacía General de la UASLP ha operado como un mecanismo de contención, no de justicia. Su trayectoria, desde la Defensoría de los Derechos Universitarios, está marcada por la opacidad y la parálisis. Casos emblemáticos —como el de una trabajadora que recibió indemnización económica en lugar de ver a su agresor enfrentar consecuencias— revelan un patrón peligroso: la monetización del dolor como estrategia para silenciar.
A esto se suma el escándalo de las 172 denuncias de acoso estancadas en laberintos administrativos, y el dudoso manejo de un doctorado pagado pero nunca concluido bajo su gestión. Estos no son errores aislados, sino síntomas de una impunidad institucionalizada. Cuando las víctimas acuden a las instancias creadas para protegerlas, encuentran oídos sordos y procedimientos diseñados para fatigarlas, no para escucharlas.
La estrategia es clara: mientras colectivas y estudiantes marchan exigiendo seguridad, la UASLP responde con eventos, paneles y citas del pasado que diluyen la conversación urgente. Se habla de “legados históricos”, pero se evita mencionar a los docente acosadores aún en plantilla, a los agresores protegidos por conveniencias políticas o a las denunciantes obligadas a firmar acuerdos de confidencialidad. Es un teatro donde el discurso de igualdad sirve para lavar la imagen, no para transformar las estructuras.
Frente a esta farsa, las mujeres potosinas han tomado las calles y las redes. Sus consignas no caben en tablones de madera ni en frases de cartón: “¡No es no!”
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