La reciente revelación de observaciones por 608 millones de pesos en la cuenta pública 2023 del Ayuntamiento de San Luis Potosí no solo expone irregularidades financieras, sino que pone a prueba los mecanismos de rendición de cuentas en la administración municipal. Según el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), desde el 3 de diciembre de 2024 se notificó al gobierno capitalino sobre estas discrepancias. Sin embargo, la declaración del Congreso estatal sugiere una preocupante falta de atención o voluntad para subsanar los hallazgos por parte de las autoridades municipales.
Las observaciones, que equivalen a casi mil millones de pesos considerando también las irregularidades en el Interapas, no son meras formalidades. Representan un cuestionamiento directo al manejo de recursos públicos en áreas críticas como agua y seguridad, servicios que hoy sufren carencias evidentes en la capital potosina. El diputado Luis Fernando Gámez Macías ha sido enfático: “Las observaciones deben subsanarse con documentos en mano, peso por peso”, exigiendo que el IFSE actúe con rigor hasta las “últimas consecuencias” para identificar responsabilidades y garantizar el resarcimiento de daños al erario.
Este caso trasciende lo administrativo. En un estado donde el IFSE tiene facultades legales para fiscalizar, auditar y promover sanciones, la resistencia o negligencia en solventar observaciones socava la credibilidad institucional. La Ley de Fiscalización Superior es clara: los entes públicos están obligados a colaborar con evidencias documentales y corregir desviaciones. La falta de avances tras dos meses de notificadas las irregularidades sugiere una alarmante desconexión entre los plazos legales y la operatividad municipal.
Resulta paradójico que, en medio de reclamos sociales por servicios básicos, el municipio más grande del estado enfrente cuestionamientos de esta magnitud. Como bien señala Gámez Macías: “Lo relevante no son las observaciones en sí, sino que un municipio de esta envergadura acumule irregularidades por cientos de millones”. El IFSE, como órgano técnico autónomo, tiene ahora la responsabilidad de aplicar su marco normativo para asegurar que ningún acto u omisión quede impune, incluso si esto implica denuncias penales o indemnizaciones por daño patrimonial.
La ciudadanía merece una explicación detallada: ¿en qué partidas se detectaron las discrepancias? ¿Existen sobreprecios, pagos irregulares o desvíos? La opacidad solo alimenta la desconfianza. Es momento de que el Ayuntamiento Capitalino encabezado por Enrique Galindo Ceballos demuestre con hechos su compromiso con la transparencia, presentando la documentación que aclare cada peso observado. Mientras tanto, el IFSE debe mantenerse firme en su rol de contrapeso, recordando que su autonomía técnica existe precisamente para estos casos: auditar sin concesiones políticas.
Este caso marca un punto de inflexión. San Luis Potosí no puede permitir que observaciones millonarias se archiven sin consecuencias. El rigor del IFSE y la colaboración municipal definirán si prevalece la impunidad o se sienta un precedente de rendición de cuentas. Como sociedad, debemos exigir ambas cosas: castigos ejemplares para los responsables y una reforma estructural que evite repetir estos vacíos. La transparencia no es opcional: es el cimiento de la democracia.
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