Los números no mienten, y en este caso gritan una emergencia silenciosa que está reviviendo fantasmas del pasado. Las alarmantes cifras de varicela —multiplicada por seis en apenas cuatro años— junto a los brotes resurgentes de sarampión y tosferina, no son desgracias fortuitas. Son el resultado directo, y trágicamente previsible, de la desatención sistemática al Programa Nacional de Vacunación durante la pasada administración federal.
La cobertura vacunal, ese escudo colectivo forjado con décadas de esfuerzo, se resquebrajó hasta niveles inadmisibles. Que apenas el 26.6% de los niños menores de dos años tuviera su esquema completo en 2022 es una cifra que debería avergonzar a cualquier nación que aspire a proteger a su infancia. Es un fracaso institucional de magnitudes históricas. Esta debacle no ocurrió en un vacío: fue la consecuencia de decisiones —o de la ausencia de ellas— que desmantelaron estructuras, desviaron recursos y minaron la confianza ciudadana en un pilar fundamental de la salud pública.
Más de 28 mil casos de varicela en lo que va de 2025 son solo la punta del iceberg. El sarampión y la tosferina, enemigos que creíamos controlados, están regresando con fuerza. La baja inmunización deja vulnerables no solo a quienes no están vacunados, sino también a aquellos que, por edad o condición médica, dependen de la protección del grupo. Décadas de avances en el control de enfermedades prevenibles se están esfumando. La advertencia de la Organización Panamericana de la Salud es clara: estamos retrocediendo en la región.
La actual administración enfrenta una tarea hercúlea. No basta con asignar más recursos económicos —aunque son indispensables para reponer vacunas, fortalecer la cadena de frío y equipar unidades médicas—. El reto es más profundo. Es urgente una campaña masiva, transparente y sostenida que desmienta mitos y recupere la credibilidad en las vacunas, golpeada por la desinformación y la negligencia del pasado. Se necesita reforzar los equipos de vacunación, mejorar el registro nominal para identificar y localizar a los niños que no han sido vacunados y garantizar el acceso, especialmente en zonas marginadas.
La vacunación debe ser una prioridad de Estado, no un programa sujeto a los vaivenes políticos. Requiere compromiso al más alto nivel y una coordinación efectiva entre la federación, los estados y los municipios. Cada caso de varicela, sarampión o tosferina en un niño que pudo haber sido protegido es un reproche a un sistema que ha fallado. Revertir este retroceso sanitario exige más que discursos; demanda acción concertada, inversión inteligente y un liderazgo que ponga la salud de los mexicanos, especialmente de los más pequeños, en el centro de las prioridades.
La recuperación del Programa Nacional de Vacunación no es un gasto, es la inversión más vital para el futuro de México. Reconstruir ese escudo roto no puede esperar. La salud de una generación y el legado sanitario de nuestro país están en juego. El tiempo para actuar es ahora, antes de que el retroceso se convierta en una catástrofe evitable.
