En un escenario donde la austeridad debería ser norma y el servicio público un compromiso ético, el Ayuntamiento de San Luis Potosí ha optado por convertir el dinero de los ciudadanos en un botín para el confort de sus funcionarios. Bajo el disfraz de “arrendamiento”, se esconde una operación de despilfarro, opacidad y posible daño patrimonial que revela la complicidad entre el poder y los intereses privados.
El contrato DAAS/163/2022, firmado con la empresa Casanova Vallejo —inhabilitada en 2020 por vender ambulancias con sobreprecios al IMSS—, no solo evidencia la falta de escrúpulos en la selección de proveedores, sino que confirma un modus operandi: premiar a empresas con antecedentes turbios mientras se saquea el erario. El acuerdo, por 27.6 millones de pesos para arrendar 42 vehículos, incluye tarifas hasta un 57% superiores al valor comercial, con un daño estimado de 15 millones de pesos. ¿Cómo es posible que una administración municipal ignore la historia de corrupción de su contratista? La respuesta parece ser un círculo de complicidades que normaliza el abuso.
Los casos de Fernando Chávez, secretario general, y Eduardo Marceleño, director de Comunicación Social, son emblemáticos. Ambos recibieron camionetas JAC Friston mediante un esquema financiero absurdo: pagar 791,136 pesos en arrendamiento y luego desembolsar cientos de miles más para comprarlas, cuando su valor comercial en 2022 era de 360,000 y 345,000 pesos, respectivamente. El resultado: un sobrecosto de más de 600,000 pesos por unidad. ¿Era indispensable que un director de Comunicación Social recorriera la ciudad en una pick-up de lujo? La pregunta no es retórica: es un cuestionamiento directo a la ética de un gobierno que prioriza imagen sobre sustento.
Mientras el alcalde Enrique Galindo Ceballos presume obras públicas, su administración dilapida recursos en vehículos que superan, incluso, los sueldos anuales de trabajadores municipales. Este gasto no es un error técnico, sino una decisión política. Cada peso derrochado en estas camionetas es un peso menos para pavimentación, alumbrado, salud o educación. San Luis Potosí no es pobre: está siendo empobrecido por sus gobernantes.
Este caso no es un “exceso aislado”, sino un síntoma de un sistema que normaliza la corrupción. La Auditoría Superior del Estado debe investigar no solo el sobreprecio, sino los vínculos entre funcionarios y la empresa Casanova Vallejo. La ciudadanía, por su parte, debe recordar que estos millones malhabidos no son abstractos: son impuestos que salieron de sus bolsillos para financiar privilegios.
El mensaje es claro: en San Luis Potosí, el lujo de unos cuantos se paga con el sudor de muchos. Y mientras no haya consecuencias, este saqueo seguirá siendo la regla, no la excepción.
Basta de gobiernos que gobiernan para sí mismos. Exijamos transparencia, castigo a los responsables y una reforma que prohíba contratar empresas con historial delictivo. El erario no es un cheque en blanco: es el sustento de un pueblo que merece respeto.
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