La sombra de un poder judicial debilitado y centralizado se cierne sobre México. Existe un riesgo real, palpable y preocupante, de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), máxima guardiana de la Constitución, sea reducida a la irrelevancia. En su lugar, un órgano opaco y políticamente homogéneo – el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) – podría concentrar un poder sin precedentes, prácticamente sin contrapesos efectivos.
La alarma no es infundada. El TDJ, un organismo compuesto por solo cinco personas, ha sido configurado de tal manera que sus integrantes muestran una afinidad evidente con el partido en el poder, Morena. Esta composición, lejos de ser casual, refleja una estrategia de control: cinco individuos, alineados con la visión oficialista, decidiendo sobre la conducta y el futuro de todos los jueces y magistrados del país.
El TDJ tendría en sus manos la potestad de investigar, suspender y hasta destituir a cualquier juez o magistrado, incluyendo a los ministros de la propia SCJN. Este poder disciplinario, ejercido sin la diversidad de criterios ni la representatividad territorial de la Corte, se convierte en un arma política formidable. Quien controle el TDJ, controla de facto la carrera judicial.
La frase “no se podrá hacer nada en su contra” resuena con una triste posibilidad. Si los mecanismos de designación y remoción del TDJ están blindados políticamente o carecen de independencia real, este tribunal se convertiría en un ente autónomo de facto, inalcanzable por la crítica, la fiscalización o el control constitucional efectivo. Sus decisiones serían inapelables en la práctica.
¿Qué sucede cuando la Corte Suprema sabe que sus integrantes pueden ser investigados o removidos por un órgano controlado por el poder político al que a veces debe contener? La respuesta es el temor y la autocensura. La SCJN podría volverse rehén del TDJ, evitando fallar en contra de los intereses del gobierno por miedo a represalias contra sus ministros. Su función contramayoritaria – proteger derechos y la Constitución incluso contra la voluntad popular o gubernamental – quedaría neutralizada. La irrelevancia no sería solo simbólica, sería funcional.
El mensaje a todo el Poder Judicial sería claro: la lealtad política prima sobre la aplicación imparcial de la ley. Jueces y magistrados vivirían bajo la espada de Damocles del TDJ, incentivados a alinear sus sentencias con los deseos del poder ejecutivo y su partido para salvaguardar sus carreras. El principio fundamental de un Estado de derecho, la independencia judicial, se erosionaría hasta desaparecer.
No se trata de un mero cambio administrativo. Es la fragmentación deliberada del poder judicial y el secuestro de su brazo coercitivo interno (la disciplina) por parte de una facción política. Un órgano de cinco miembros, sin la legitimidad democrática directa ni la tradición institucional de la Corte, se erigiría como el verdadero árbitro del sistema de justicia.
Las consecuencias para la democracia mexicana serían catastróficas. Sin una Corte Suprema fuerte e independiente que actúe como último dique contra los excesos del poder, sin jueces libres para interpretar la ley sin temor, el camino hacia el autoritarismo se allana. Los derechos fundamentales, las garantías individuales y el equilibrio entre poderes quedarían a merced de la voluntad de cinco personas.
México no puede permitirse retroceder a una época donde la justicia esté sujeta al capricho del poder político de turno. La defensa de la SCJN como institución suprema e independiente, y la exigencia de un Tribunal de Disciplina Judicial verdaderamente autónomo, diverso y sometido a contrapesos reales, no es una opción partidista; es una urgencia democrática. El futuro del Estado de derecho en México pende de un hilo cada vez más delgado.
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