La decisión del gobernador Ricardo Gallardo Cardona de remover por completo al personal de la Dirección de Gobernación marca un movimiento político de gran calado, no solo por el impacto inmediato en la operación de la dependencia, sino por lo que revela sobre el estado interno del aparato administrativo estatal. El anuncio, que incluye la salida del equipo de inspección y el relevo de su titular, Concepción Gallardo Martínez, se presenta como una respuesta firme ante prácticas que, según el propio mandatario, se habían convertido en un lastre para comercios, centros nocturnos y salones de eventos.
Desde el discurso oficial, la medida busca erradicar vicios heredados desde administraciones anteriores, incluso retro trayéndose al gobierno de Fernando Silva Nieto. Este señalamiento no es menor: implica reconocer que, por años, Gobernación operó con inercias que no solo afectaron la economía local, sino que también minaron la confianza de la ciudadanía en las instituciones encargadas de regular la convivencia comercial.
La suspensión de toda actividad de inspección durante diciembre —mes particularmente activo para comercios y eventos sociales— es, sin duda, un mensaje contundente. Para algunos, representa un respiro ante revisiones consideradas abusivas o discrecionales. Para otros, abre un periodo de vacíos operativos que podrían generar incertidumbre en materia de verificación y regulación. El exhorto del gobernador para que ningún comerciante se deje sorprender por supuestos inspectores apunta a un problema más amplio: la falta de controles internos que por años permitió la proliferación de prácticas irregulares.
El anuncio de que todos los pagos hacia la Secretaría de Gobernación deberán realizarse únicamente vía electrónica es un paso en la dirección correcta. Los mecanismos digitales, bien implementados, reducen espacios para la corrupción y permiten mayor trazabilidad. No obstante, este tipo de cambios requieren algo más que voluntad política: necesitan sistemas sólidos, capacitación al personal y una estrategia de comunicación clara para que los usuarios confíen en los nuevos procesos.
La mención de una próxima revisión profunda en la Coepris confirma que no se trata de un caso aislado, sino de una estrategia más amplia de “limpias” institucionales. Sin embargo, el reto será evitar que estas acciones se perciban como purgas políticas o como decisiones reactivas ante señalamientos públicos. La ciudadanía espera no solo relevos de personal, sino mejoras tangibles en el funcionamiento de las dependencias.
En contraste con la contundencia de estas medidas, el gobernador también abordó un tema particularmente sensible: la posible reinstalación de la tenencia vehicular a nivel nacional. Gallardo fue categórico en reiterar que su administración no cobrará este impuesto en San Luis Potosí y que se mantendrán beneficios como la entrega gratuita de placas y licencias. Este mensaje, más político que técnico, refuerza la narrativa de apoyo económico a las familias potosinas y busca diferenciar al gobierno estatal de eventuales disposiciones federales.
La combinación de una limpia administrativa con incentivos económicos apunta a un mismo objetivo: fortalecer la percepción de un gobierno que combate la corrupción y protege el bolsillo de los ciudadanos. Pero el éxito de esta estrategia no dependerá solo de los anuncios, sino de su implementación real y de la capacidad de construir instituciones modernas y transparentes. San Luis Potosí enfrenta una oportunidad relevante: transformar prácticas históricas y recuperar la confianza en áreas clave de la administración pública.
El tiempo dirá si esta limpia es el primer paso de una reforma profunda.
