La muerte de un joven de apenas 23 años, asesinado la noche del viernes tras resistirse a un asalto en la Zona Universitaria de la capital potosina, no es solo un hecho lamentable: es el síntoma doloroso de una enfermedad social que continúa avanzando a pesar de nuestras advertencias, nuestros miedos y nuestros reclamos. La vida de un muchacho —estudiante de Estomatología de la UASLP y pasante de servicio social— se apagó en minutos, víctima de la delincuencia que opera con absoluta soltura incluso en los entornos que deberían ser, por definición, espacios seguros para la juventud.
Sujetos armados intentaron despojarlo de sus pertenencias. Al resistirse, recibió disparos que, pese a la intervención inmediata de paramédicos, terminaron por arrebatarle la vida. Un intento de robo convertido en ejecución, una noche cualquiera transformada en tragedia irreversible.
La Fiscalía ha abierto una investigación y desplegado operativos, como dicta el protocolo, pero la historia nos ha enseñado que los protocolos por sí solos no bastan. La indignación que hoy sacude a la comunidad universitaria no es gratuita: responde a una sensación acumulada de vulnerabilidad que se ha normalizado en la capital potosina. Los estudiantes —quienes deberían caminar con la certeza de que la ciudad les pertenece tanto como a cualquiera— se han visto obligados a diseñar rutas alternativas, depender de acompañamientos improvisados, evitar horarios y zonas, como si su condición académica los volviera menos ciudadanos y más objetivos móviles.
Este crimen, como tantos otros que rara vez llegan a los titulares, es la expresión más cruda de un estado de cosas que exige algo más que pronunciamientos y condolencias. La Zona Universitaria, corazón de la vida académica y científica de San Luis Potosí, se ha convertido en un territorio donde el miedo circula a la misma velocidad que la vida cotidiana. Y ese deterioro no nació anoche: es el resultado de años de insuficiencia institucional, desigualdad persistente y una preocupante capacidad de adaptación del crimen urbano.
Pero también es cierto que la violencia no se reduce a estadísticas ni a diagnósticos. Cada asesinato es una fractura humana. Este joven tenía un nombre, un esfuerzo académico, una historia social y familiar, un futuro que ya no será. Y frente a esas ausencias, la sociedad tiene derecho —y obligación— de exigir justicia, no solo en el expediente judicial, sino en la reconstrucción de un entorno digno para quienes estudian, trabajan y viven en esa zona.
La Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la comunidad estudiantil, las familias y la ciudadanía merecen más que respuestas reactivas. Necesitan políticas efectivas, presencia preventiva, inversión pública sostenida y una coordinación real entre los tres niveles de gobierno. No se trata de militarizar ni de improvisar retenes, sino de transformar el territorio mediante estrategias integrales: iluminación, movilidad segura, vigilancia profesional, programas comunitarios, transporte universitario accesible y, sobre todo, voluntad política.
Hoy, la muerte de este joven nos recuerda que nadie debería perder la vida por un celular, una cartera o un vehículo. Y menos aún en un espacio que simboliza el conocimiento, el esfuerzo y la esperanza de una generación que intenta abrirse camino entre la incertidumbre.
San Luis Potosí no puede permitirse seguir normalizando lo anormal. No podemos seguir leyendo obituarios donde deberíamos estar celebrando graduaciones. La indignación debe convertirse en acción, y la acción en resultados visibles y sostenidos.
Porque detrás de cada crimen hay un hogar en silencio, una madre sin consuelo, una comunidad herida. Y aunque las autoridades están obligadas a investigar y detener a los responsables, la sociedad en su conjunto debe exigir que esta tragedia no sea otro expediente archivado, sino un punto de quiebre.
Que la muerte de este joven no se convierta en una estadística más, sino en un llamado urgente a recuperar la ciudad para quienes la construyen todos los días con su estudio, su trabajo y sus sueños.
