El gobierno de Estados Unidos, liderado por el secretario de Estado Marco Rubio, presiona sistemáticamente a México para que inicie investigaciones y procesos judiciales contra políticos acusados de tener vínculos con organizaciones criminales. La estrategia contempla, en caso de encontrar evidencias, la extradición de los involucrados a territorio estadounidense, una medida nunca antes exigida con tal firmeza.
La exigencia incluye a miembros actuales del partido Morena, al que pertenece la presidenta Claudia Sheinbaum, así como a gobernadores en funciones que cuentan con inmunidad a menos que el Congreso lo autorice. Se menciona incluso la revocación de visas, como ocurrió recientemente con la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, aunque no se ha revelado si hay cargos formales ni pruebas públicas contra los señalados.
El objetivo oficial de Estados Unidos es enviar una señal clara sobre su compromiso en la lucha contra el narcotráfico y la corrupción, advirtiendo incluso que se aplicarán aranceles adicionales si no se actúa con firmeza. Para México, este es un desafío político delicado, pues implica remover la protección de figuras en funciones, algo que requiere no solo voluntad judicial, sino respaldo legislativo .
En el contexto diplomático, esta solicitud se da en medio de una cooperación ya establecida: México entregó recientemente a 29 presuntos criminales a EE.UU., y se discuten temas como designación de un “zar del fentanilo” y vigilancia en la frontera.
