Ciudad de México– La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) alertó que 71% de las víctimas de trata son mujeres y expresó su preocupación por la falta de coordinación para implementar en el país la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, por lo que hizo un llamado al gobierno a continuar los esfuerzos en la materia, escribe El Universal.
De acuerdo con el Informe Global sobre Trata de Personas 2016 de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), 71% de las víctimas son mujeres, mientras que las niñas y las adolescentes representan 20%. En cuanto a las modalidades de explotación por sexo, 96% de las niñas y mujeres son víctimas de trata con fines de explotación sexual, mientras que 4% son hombres y niños.
A seis años de que se aprobara la ley general y con motivo del Día Mundial contra la Trata de Personas, que se conmemora el 30 de julio, “la CNDH observa con preocupación la falta de mecanismos armonizados y coordinados entre los órdenes de gobierno para asegurar su implementación en el país, e insuficientes esfuerzos para garantizar a las víctimas los derechos que en ésta se señalan, especialmente en materia de identificación, reinserción y reparación del daño”.
Indicó que los “derechos a la reparación del daño, a la salud, la educación y, sobre todo, a no ser sometido a trata de personas, que implica el deber de prevención, siguen sin ser garantizados por el gobierno de México”.
Destacó que aunque en el ámbito federal se han dado importantes avances para dar a conocer el tema y existe mayor interés por la capacitación a los servidores públicos, la institucionalización de los protocolos, la atención a víctimas y la sistematización de datos representan aún un reto, además de que la intervención y cumplimiento de las obligaciones que señala la ley general por parte de las diferentes autoridades de la administración pública federal varía considerablemente entre unas y otras.
El organismo reconoció que la mayoría de las entidades tienen una legislación aprobada, comités interinstitucionales y alguna unidad o fiscalía especializada para la investigación de ese delito; sin embargo, se carece de programas estatales con indicadores de cumplimiento y rendición de cuentas, estrategias de trabajo regionales, presupuestos etiquetados y, en general, de políticas sociales dirigidas al combate de las causas estructurales de la trata de personas como la desigualdad, la discriminación y la violencia.
Exhortó al gobierno a ratificar el “Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso de 1930” de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), así como continuar con los esfuerzos para elaborar, institucionalizar e implementar en los ámbitos federal y estatal protocolos de prevención, detección e inspección en materia de trata de personas en campos agrícolas, con perspectiva de género y de protección de los derechos de niños y adolescentes.
También indicó que debe cumplir con las recomendaciones que ha emitido la CNDH, relacionadas con violaciones a derechos humanos en agravio de jornaleros agrícolas de origen indígena, posibles víctimas de delitos en materia de trata de personas; las tres recomendaciones están dirigidas a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), la 28/2016 también se emitió para el gobierno de Baja California Sur; la 70/2017 al de San Luis Potosí, y la 15/2018 al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y al gobierno estatal y presidencia municipal de Colima.
El organismo instó a las autoridades a tomar en cuenta las propuestas del Estudio sobre la Intervención de las Autoridades del Trabajo en la prevención de la trata de personas y la detección de posibles víctimas en campos agrícolas.
Recordó que el pasado 20 de julio, el Comité de Expertas de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), en relación con el Noveno Informe Periódico presentado por México, otorgó al Estado mexicano plazo de dos años para presentar un informe preliminar para frenar la violencia y discriminación contra las mujeres, siendo la trata de personas y la explotación de la prostitución aspectos que serán evaluados.
En esa ocasión el comité “externó su preocupación por la falta de estrategia contundente y el uso limitado de bases de datos con información desagregada acerca de las víctimas de trata, así como del delito con fines no relacionados a la explotación sexual. Asimismo, los bajos índices de procesos y sentencias, la revictimización de mujeres y niñas, de las cuales, en algunos casos se señala han sido criminalizadas en vez de recibir apoyo”.
La CNDH resaltó que se ha unido a los esfuerzos que se realizan en los niveles federal y estatal para promover mayor conciencia de la situación de las víctimas de la trata de personas y proteger sus derechos, distribuyendo materiales de la Campaña Nacional de Prevención “Libertad sin engaños ni promesas falsas” a todas las comisiones intersecretariales, así como a diversos consejos ciudadanos y a las instancias municipales de las mujeres.
Como parte de la campaña también se han difundido infografías para mujeres y jóvenes dirigidas a prevenirlos sobre la forma en que los tratantes utilizan las redes sociales para captarlas con fines de explotación sexual, la importancia de cuidarse de supuestas propuestas “románticas” y para hacer conciencia sobre la trata de mujeres y niñas para la explotación en los trabajos forzados del hogar.
La CNDH afirmó que observará el cumplimiento del gobierno mexicano a las recomendaciones del Comité CEDAW relacionadas con la trata y la explotación de la prostitución, en especial aquellas dirigidas a que se fortalezca el apoyo a las mujeres víctimas de trata, en particular a las migrantes e indígenas, su acceso a servicios médicos y la provisión de refugios adecuados.
Fuente: diario.mx
