MRS / Revista Punto de Vista / 17 de septiembre 2025
La presentación de un amparo a nombre de Andrés Manuel López Beltrán y su hermano Gonzalo, hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, no es un hecho menor ni un trámite judicial cualquiera. Se trata de un recurso que, más allá de su tecnicismo legal, abre una ventana a la desconfianza que permea en el entorno político y judicial mexicano, sobre todo cuando se vincula con investigaciones de alto impacto como las relacionadas con el huachicol fiscal.
El recurso, identificado con el número 1728/2025, busca blindar a los hijos del exmandatario contra posibles órdenes de aprehensión, incomunicación o desaparición forzada. En teoría, es una medida preventiva, un “amparo buscador” diseñado para confirmar si existen o no mandatos judiciales en su contra. Pero en la práctica, revela un temor claro: que las investigaciones en curso pudieran escalar y alcanzar de manera directa al círculo familiar de López Obrador.
El otorgamiento de la suspensión de plano por parte de la jueza Verónica Beltrán Munguía es una medida obligada, aunque políticamente explosiva. Que el Poder Judicial ordene a la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada, a jueces federales e incluso al secretario de Seguridad Omar García Harfuch abstenerse de ejecutar actos contra los López Beltrán, coloca el caso en el centro del debate público.
En un país donde la justicia suele avanzar con lentitud —y donde los apellidos pesan tanto como las pruebas—, el hecho de que se recurra a esta figura legal despierta sospechas. ¿Se trata de una reacción preventiva frente a rumores de órdenes de captura inexistentes, o es el reflejo de que efectivamente algo se cocina en los expedientes judiciales?
El episodio también exhibe la fragilidad de la narrativa que durante años impulsó el propio López Obrador: la de una familia incorruptible, ajena a los privilegios del poder y sin necesidad de cobijo legal. Hoy, sus hijos recurren a la misma herramienta que tantas veces fue criticada desde Palacio Nacional cuando se utilizaba para blindar a funcionarios o empresarios señalados.
Que además otro amparo similar haya sido promovido en Zacatecas contra la fiscalía estatal refuerza la idea de que existe una estrategia legal coordinada para cubrir todos los frentes. Aunque los recursos fueron interpuestos por el abogado Francisco Javier Rodríguez Smith sin la firma directa de los quejosos —lo cual es legal—, resulta inevitable preguntarse si los hijos del expresidente reconocen implícitamente la posibilidad real de ser llamados a cuentas.
En cualquier democracia sana, los hijos de un exmandatario tendrían que enfrentar la justicia como cualquier ciudadano, sin privilegios ni persecuciones. En México, sin embargo, el uso del amparo se convierte en un campo de batalla entre la protección legítima de derechos y la percepción pública de que el poder político sigue teniendo un escudo privilegiado.
El desenlace de este caso marcará un precedente importante. No solo sobre la solidez de las investigaciones por huachicol fiscal, sino también sobre la credibilidad del discurso anticorrupción que por años fue la bandera de López Obrador.
Si los amparos confirman que no existe nada en contra de los López Beltrán, quedará la sospecha de que se utilizó una estrategia legal para victimizarse políticamente. Pero si en cambio aparecen indicios reales de órdenes o investigaciones formales, el impacto político alcanzará no solo a la familia, sino también al legado de quien prometió acabar con la impunidad en México.
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