Primero fue la batalla de austeridad. El Gobierno de López Obrador arrancó en diciembre luchando contra los privilegios y excesos de los altos funcionarios de la burocracia. La batalla generó muchas resistencias y las consecuencias pasaron desapercibidas para muchos. El conflicto no ha concluido porque está a la espera de que los jueces avalen la primera gran norma de la era del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). Eso no ha impedido al líder izquierdista encarar una nueva tormenta generada por su ofensiva contra el robo de combustible, un delito que ha gozado de la impunidad en los sexenios anteriores y cuyo combate ha impactado en la vida diaria de miles de mexicanos.
La situación no ha sido bien gestionada por la Administración de López Obrador. A pesar de que el presidente ha hablado del desabasto todos los días en las conferencias de prensa matutina, el Gobierno no ha podido explicar con claridad la contingencia que ha superado los 10 días en algunas ciudades. El mandatario se ha negado a poner fecha para el fin del problema. “No quiero decir cuándo porque no quiero fallar a la gente”, aseguró López Obrador el viernes.
Las fallas de comunicación pueden verse con claridad en el Estado de Guanajuato, una de las entidades más afectadas por el desabasto y que más ha sufrido el robo de combustible. Su gobernador, Diego Sinhué, confiaba el lunes que la situación estaría normalizada a media semana. Sin embargo, el jueves solo 115 de 600 gasolineras tenían gasolina en el Estado. Sinhué viajó a Ciudad de México para escuchar de la boca de los altos funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) la complejidad del problema, que iba desde fallas en los ductos hasta la falta de un aditivo para preparar la gasolina.
En esa reunión, el gobernador oyó un dato que dimensiona el problema del robo de combustible en el país. “Ahora con la crisis, las gasolineras están facturando más que hace tres meses… Si ahora estamos recibiendo el 15-20% de gasolina eso quiere decir que el 80% de la gasolina que se vendía era ilegal”, afirmó Sinhué esta semana en una entrevista. Guanajuato registró durante 2018 más de 1.500 tomas clandestinas para el robo de hidrocarburos. Solo superado por los Estados de Hidalgo (1.815) y Puebla (1.726). Las tomas clandestinas crecieron al menos 20% en el último año de Gobierno de Enrique Peña Nieto, pasando de 10.363 en 2017 a 12.581 contabilizadas hasta octubre.
“La estrategia militar para poner orden en las refinerías y en las terminales de almacenamiento era necesaria, pero no tenía por qué haber influido en la distribución de la gasolina”, considera David Shields, un consultor en materia energética. El cierre de tramos en una compleja red de ductos que supera los 17.000 kilómetros obligó a mover el combustible por tierra en camiones cisternas. Esto originó un desabasto en cientos de gasolineras en varias regiones del centro del país en una temporada de alto consumo como es diciembre y enero. El error de cálculo ha sido admitido por la propia secretaria de Energía, Rocío Nahle.
“Se tiene un sistema frágil, con poca capacidad de almacenamiento donde todo funciona como un reloj. Esto ha sido dislocado, poner nuevamente el sistema en funcionamiento va a ser muy complicado”, agrega Shields. El especialista cree que era un milagro que esta crisis, que ha afectado a nueve entidades de las 32 de México, no haya llegado antes. Finalmente sucedió lo que se temía en el arranque de un nuevo Gobierno.
Esta situación representa una “gran oportunidad” para la promesa de legalidad que ha dado el Gobierno de López Obrador. “¿Cómo va a atacar este espacio de corrupción tan estructural como este?”, se pregunta María Novoa, coordinadora del programa de justicia de la asociación México Evalúa. “Ahora es cuando puede mandarse un mensaje claro y efectivo de que se va contra la corrupción”, asegura la especialista.
Petróleos Mexicanos expresaba su frustración con la impunidad en su informe anual de 2017. De las más de 10.000 denuncias que presentó aquel año relacionadas con el mercado ilícito de combustible solo 1.162 llegaron a un proceso penal. De 1.827 detenidos solo el 6% se le dictó prisión preventiva como medida cautelar.
La investigadora no encuentra señales de que el nuevo Gobierno esté haciendo las cosas diferente. “No hay un proceso de inteligencia e investigación criminal que permita dar golpes precisos. El problema está dentro de Pemex”, asegura Novoa. La mayoría de los detenidos por este delito son campesinos que extraen la gasolina en sus pueblos, dejando intactas las redes criminales que llegan hasta los altos funcionarios de la empresa estatal y su poderoso sindicato.
Novoa recuerda que Colombia tardó una década en controlar el robo de hidrocarburos y desmantelar las redes corruptas. Por eso descarta que el Gobierno mexicano dé resultados efectivos en el corto plazo.
Fuente: AGENCIAS
