MRS / Revista Punto de Vista / 15 de octubre 2025
En el Congreso del Estado de San Luis Potosí no hay recursos para los damnificados, pero sí para engordar su propio presupuesto. En la práctica, lo que aprobó la Junta de Coordinación Política (Jucopo) —340 millones de pesos para 2026, veinte millones más que el año anterior— no solo revela una decisión contable, sino una forma de entender el poder: gastar más en sí mismos que en quienes dicen representar.
El argumento oficial suena razonable en apariencia: un aumento del 3% para la “clase trabajadora” y otro 4% para realizar consultas ciudadanas. Pero detrás de la cifra se esconde una ironía de dimensiones políticas: mientras el Congreso se presenta como defensor de la austeridad y la empatía social, el 87% del presupuesto se destina a sueldos, prestaciones y viáticos. Es decir, el dinero público se queda en casa, protegido entre escritorios y dietas.
La historia se repite cada año. Los capítulos 2000 y 3000 del presupuesto —materiales, servicios, muebles— se convierten en la caja chica del poder legislativo. Cada trienio, cambian las sillas, los equipos, los asesores… pero no las prioridades. No hay registro público de cuánto de ese gasto se traduce en una mejor fiscalización, en leyes más útiles o en políticas más cercanas a la realidad ciudadana.
El contraste es inevitable. Mientras miles de familias en la Huasteca y otras regiones del estado siguen esperando apoyo tras las lluvias, los diputados anuncian “aportaciones voluntarias”. No hay un monto fijo, ni un compromiso institucional; solo una invitación a donar según la conciencia. Un gesto que parece más una coartada moral que un acto de solidaridad real.
El problema no es el dinero, sino la escala de valores. El Congreso puede destinar millones a mantener su estructura, pero no logra construir una política pública de emergencia, ni un fondo que garantice atención inmediata ante desastres. La voluntad política, más que los recursos, sigue siendo el bien más escaso en la casa donde se fabrican las leyes.
Porque al final, el presupuesto no solo refleja números: exhibe prioridades. Y cuando el poder se mira al espejo, parece convencido de que la austeridad es un discurso, no una práctica. Mientras tanto, los ciudadanos —esos a quienes dicen escuchar— siguen esperando algo más que palabras y “aportaciones voluntarias”. Esperan coherencia.
mrenzi@revistapuntodevista.com.mx
