Ciudad de México, México.– Cuando en 2019 el Senado avaló la propuesta del entonces Presidente Andrés Manuel López Obrador para nombrar a Alejandro Gertz Manero como primer Fiscal General autónomo del país, el nombramiento fue presentado como el inicio de una nueva etapa en la procuración de justicia. Su periodo, previsto para abarcar de 2019 a 2027, prometía consolidar una institución independiente. Sin embargo, su paso por la Fiscalía General de la República (FGR) estuvo dominado por controversias, tensiones políticas y cuestionamientos sobre el uso del poder.
Desde los primeros meses en el cargo, la imagen del fiscal quedó empañada por disputas internas y episodios de confrontación. Investigaciones periodísticas de El País revelaron que Gertz acumuló un importante patrimonio inmobiliario: al menos cuatro propiedades de alto valor en Madrid e Ibiza, con un monto conjunto superior a 113 millones de pesos. Su portafolio incluía departamentos en la calle Serrano y residencias en la isla mediterránea, adquiridas a través de sociedades instrumentales o compras directas.
A ello se sumaban bienes en Estados Unidos, Francia y diversas propiedades en zonas exclusivas de México.
El gusto del fiscal por el lujo también quedó evidenciado en su colección de más de 120 vehículos, entre ellos modelos Rolls Royce y Mercedes-Benz, un rasgo que contrastaba con el discurso de austeridad impulsado por la Cuarta Transformación.
Su estilo de conducción provocó múltiples enfrentamientos en el gabinete de seguridad. Uno de los más notables fue con Santiago Nieto, entonces titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, con quien intercambió acusaciones de enriquecimiento ilícito mientras se filtraban informes patrimoniales que evidenciaban la pugna interna.
Otra disputa relevante fue con Julio Scherer Ibarra, ex consejero jurídico de la Presidencia. Scherer acusó a Gertz de utilizar la FGR para perseguir venganzas personales y presionar a empresarios en litigios privados, lo que desató una fractura pública dentro del círculo cercano al Poder Ejecutivo.
La institución también enfrentó críticas por el manejo del caso Emilio Lozoya, exdirector de Pemex. El proceso, que al inicio se anunció como un emblema contra la corrupción, terminó envuelto en retrasos, filtraciones y dudas sobre la actuación del Ministerio Público.
En el ámbito académico, la FGR de Gertz protagonizó otro escándalo en 2021, cuando abrió un proceso penal contra 31 científicos y exfuncionarios del Conacyt. La denuncia surgió tras un conflicto por la negativa del Sistema Nacional de Investigadores a otorgarle el nivel III, el rango más alto. La comunidad científica calificó el proceso como un abuso, y los jueces finalmente desecharon las acusaciones por falta de sustento.
Incluso el mundo del espectáculo fue testigo de su estilo de ejercer el poder. En el año 2000, cuando fungía como secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, emitió una orden de aprehensión contra la actriz Silvia Pinal, quien tuvo que salir del país para evitar la detención. Posteriormente fue exonerada mediante amparos.
El episodio más controvertido ocurrió en su propio entorno familiar. En 2020, Gertz acusó a Laura Morán y Alejandra Cuevas, esposa e hijastra de su hermano Federico, de presunta responsabilidad en su muerte. Tras dos años de litigios, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó en 2022 que las órdenes de aprehensión eran inconstitucionales, ordenó liberar a Cuevas y cerró el caso, generando fuertes críticas por el uso personal del aparato de justicia.
En meses recientes, su nombre volvió a los titulares por su intervención en el caso del empresario Raúl Rocha, dueño de Miss Universo, acusado de tráfico de drogas, armas y robo de combustible.
La carrera pública de Gertz comenzó en 1974 en la entonces Procuraduría General de la República. Un año después ocupó la Oficialía Mayor, y en 1998 fue nombrado secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal por Cuauhtémoc Cárdenas. Más tarde fue diputado federal por Convergencia de 2009 a 2012, y también tuvo una destacada trayectoria académica como rector de la Universidad de las Américas en la Ciudad de México y presidente de la Federación Mexicana de Instituciones Particulares de Educación Superior.
Aunque su llegada a la Fiscalía General prometía una etapa de profesionalización, el saldo final de su gestión lo coloca como una de las figuras más controvertidas del sistema judicial contemporáneo en México, marcada por disputas internas, decisiones polémicas y acusaciones persistentes de abuso de poder.
