MRS / Revista Punto de Vista / 12 de Noviembre 2024
La opacidad en torno a la seguridad del expresidente Andrés Manuel López Obrador genera muchas preguntas, sobre todo cuando su equipo de escoltas está financiado por el erario público. Es sabido que, tras retirarse de la vida pública para dedicarse a escribir desde su finca en Palenque, Chiapas, López Obrador sigue contando con un equipo de protección. Sin embargo, al solicitarse información básica sobre el tamaño de este equipo, la Oficina de la Presidencia respondió con evasivas, afirmando que no contaba con esos datos y sugiriendo buscar en otro lado. Esto plantea una seria cuestión de transparencia y responsabilidad pública.
Es comprensible que un expresidente, aún retirado, tenga derecho a medidas de seguridad adecuadas, sobre todo en un país con los retos de seguridad de México. Sin embargo, la opacidad sobre el número y los costos de quienes resguardan al exmandatario parece injustificable, especialmente si se considera que es el mismo López Obrador quien alguna vez condenó los “lujos” de otros expresidentes y se comprometió a recortar gastos innecesarios. ¿En qué momento se decidió que los ciudadanos no tienen derecho a saber cuánto les cuesta esta seguridad? La transparencia en este tipo de información es fundamental para una democracia saludable, pues ayuda a evitar especulaciones y desconfianza.
Además, si la administración actual actúa con tal hermetismo en un tema tan básico, ¿qué podemos esperar de un gobierno que planea debilitar los órganos de transparencia? Sin un órgano independiente que garantice el derecho de los ciudadanos a saber, la rendición de cuentas queda sujeta a la voluntad política de cada administración, una situación que favorece el abuso de poder.
El tema no se trata de una curiosidad malsana sobre los movimientos del expresidente, sino de la necesidad de mantener controles ciudadanos sobre los recursos públicos. La transparencia es, en última instancia, una herramienta para fortalecer la confianza en las instituciones y fomentar una cultura de responsabilidad. Al ocultar información sin justificación, el gobierno no sólo traiciona los principios de transparencia que una vez promovió, sino que también genera un vacío de confianza que puede repercutir en otros aspectos de la vida pública.
La respuesta evasiva de la Oficina de la Presidencia y el desdén hacia los órganos de transparencia nos alertan sobre el tipo de país que podríamos tener en el futuro: uno donde preguntar sea sinónimo de sospecha y donde la información pública se convierta en un secreto de Estado.
