El Gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) se aseguró de allanar la impunidad de sus funcionarios implicados en la contratación y operación de Pegasus. A mediados de 2017, después de que estallara el escándalo de espionaje orquestado desde el Gobierno en contra de activistas y periodistas, el órgano interno de Control (OIC) de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) recibió una denuncia por ese caso y abrió una indagatoria para investigar si existía alguna responsabilidad administrativa por parte de los servidores públicos de la PGR que intervinieron en las contrataciones del programa espía Pegasus.
El expediente quedó a cargo del OIC, la instancia investigadora que en ese tiempo todavía dependía de la Secretaría de la Función Pública (SFP). La investigación no duró mucho. El 21 de marzo de 2018, ocho meses antes de que concluyera el gobierno de Peña Nieto, el área de quejas del OIC emitió un acuerdo mediante el cual se archivaba el caso al no haber mayores elementos para continuar con la indagatoria, se desprende de un oficio entregado a EL PAÍS a través de la ley de transparencia. Actualmente, el exprocurador Jesús Murillo Karam y Tomás Zerón de Lucio, dos de los funcionarios clave en las contrataciones, están bajo investigación de la Función Pública.
Esta semana una investigación periodística coordinada por Forbidden Stories, en colaboración con un consorcio de medios internacionales y nacionales, reveló que al menos 15.000 personas de México fueron espiadas con Pegasus, un sofware creado por la empresa israelí NSO Group que se infiltra en los teléfonos teniendo acceso a todos sus archivos y aplicaciones. Entre las víctimas hay periodistas, defensores de derechos humanos, diplomáticos, políticos de todos los partidos y padres de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Todos ellos habrían estado bajo vigilancia por medio de la intervención de sus teléfonos entre 2016 y 2017.
Esta nueva revelación apunta a una cantidad de objetivos mucho mayor de la que se tenía conocimiento tras las primeras revelaciones hechas en junio de 2017. En ese entonces, un grupo de periodistas y defensores de derechos humanos denunciaron públicamente que sus teléfonos habían sido infectados con el sofisticado software desatando tras la revelación uno de los mayores escándalos que enfrentó el expresidente Enrique Peña Nieto.
El Ejecutivo tuvo que abrir una indagatoria penal en 2017 que hasta el final de su Administración nunca presentó avances. Ahora se sabe que a la par de esta indagatoria penal también se había iniciado otro expediente por posibles faltas administrativas que fue archivado. En la información entregada a este medio se lee que no se encontraron elementos suficientes para demostrar la responsabilidad de los involucrados, por ello el expediente 2017/PGR/DE1353 quedó archivado.
Tras el cambio de Gobierno y la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, el OIC de la Fiscalía General de la República abrió una nueva investigación en materia administrativa por el caso Pegasus, pero esta tampoco ha avanzado y continúa “en trámite”. Una fuente de la Fiscalía explicó que esta solo se centra en los procedimientos de contratación y en verificar si hubo negligencias en las adquisiciones. Este procedimiento es independiente de la indagatoria que se sigue por la vía penal desde 2017 y que se encuentra en trámite en la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), la instancia de la FGR encargada del caso. Aunque la FGR se ha negado a brindar detalle de los avances, la carpeta se encuentra en “etapa de investigación e integración” y no se ha girado ninguna orden de aprehensión, aclaró en respuesta a una petición de información.
Los contratos que el Gobierno mexicano celebró con NSO Group para adquirir Pegasus se firmaron en 2014 a través de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) cuando estaba a cargo Jesús Murillo Karam. El contrato, fechado el 29 de octubre de 2014, estaba firmado por el entonces responsable de la Agencia de Investigación Criminal (ACI), Tomás Zerón, según dieron a conocer Televisa y Milenio en junio de 2017. El vendedor del software había sido una empresa mexicana llamada Tech Bull, que se especializa en comerciar programas de este tipo con el Gobierno mexicano y que sirvió como intermediario del consorcio israelí.
Ambos personajes, Murillo y Zerón, ahora están sujetos a una investigación por parte de la Secretaría de la Función Pública, según informó la SFP vía transparencia a EL PAÍS. Aunque la dependencia se negó a precisar si estos expedientes tienen relación con el caso Pegasus, aclaró que ambas denuncias fueron presentadas el 13 de julio de 2020. El motivo: “Probables faltas a leyes, reglamentos y disposiciones administrativas y actualmente se encuentra en etapa de investigación”. Actualmente los expedientes se encuentran en investigación, una etapa donde la autoridad realiza una serie de pesquisas a fin de acreditar alguna conducta que pudiera constituir responsabilidades administrativas. “Hasta que se concluyan las diligencias de investigación, se procederá al análisis de los hechos, así como a la información recabada a efecto de determinar la existencia o inexistencia de actos u omisiones que la ley señale como faltas administrativas”, precisó en un oficio.
En materia penal ambos funcionarios también están en la mira de las autoridades. Tomás Zerón ha sido citado a declarar en la indagatoria que sigue la FEADLE para que brinde información sobre el funcionamiento de Pegasus. La Fiscalía ha dicho al juez, donde el exfuncionario ha interpuesto una serie de amparos, que su presencia es como “testigo”, no como “imputado”. Actualmente Zerón se encuentra en Israel prófugo de la justicia después de que las autoridades emitieran una orden de aprehensión en su contra por el caso Ayotzinapa.
La Fiscalía nunca ha dicho públicamente si como parte de las investigaciones por la compra de Pegasus se investiga al exprocurador Murillo Karam. En respuesta a un requerimiento hecho por este medio y después de que el Instituto Nacional de Transparencia (INAI) le ordenara abrir la información, la FGR ahora a cargo de Alejandro Gertz Manero informó que el exprocurador sí estuvo sujeto a una investigación por parte de la Fiscalía de Asuntos Internos, la responsable de investigar a los servidores o exservidores públicos de la FGR. Esta instancia dijo escuetamente que localizó una averiguación previa iniciada en contra de Murillo Karam, pero no aclaró si tenía vinculación a Pegasus. El expediente concluyó con un dictamen de no ejercicio de la acción penal, es decir, un fallo de exoneración que lo libera de cualquier cargo penal.
