En los meses previos al inicio de la campaña electoral, ese momento clave para tomar decisiones que tiene la política, el presidente Alberto Fernández tuvo a disposición al menos tres encuestas. Para obtener esos estudios de opinión pública, el Gobierno realizó contrataciones directas por $11,7 millones entre mayo y julio pasado, según pudo reconstruir Infobae en base a pedidos de acceso a la información pública y un relevamiento sobre el portal de contrataciones oficiales ComprAR.
Jefatura de Gabinete informó que sólo se contrataron a dos consultoras para realizar sondeos en los últimos tres meses. Fueron elegidas a través de la Unidad de Opinión Ciudadana, una dependencia creada para canalizar la contratación de encuestas desde la Casa Rosada.
El Gobierno realizó una contratación directa en mayo a Analía del Franco para un sondeo telefónico por $1.500.000. Fue concretado el 23 de junio a través de esta nueva dependencia creada bajo la Jefatura de Gabinete. Tanto su estudio como el resto de los contratados en estos meses de pre-campaña tuvo como objetivo conocer qué piensa la sociedad sobre la situación particular que se atraviesa por la pandemia del Covid-19, según explicaron desde Jefatura de Gabinete a este medio.
Analía del Franco, socióloga, es una de las encuestadoras más consumidas en la Casa Rosada. Se hizo conocida con su consultora Analogías, pero luego vendió esa firma en 2017 y fundó una nueva que lleva su nombre.
El segundo contrato que hizo público el Gobierno fue para el consultor Gustavo Córdoba. Se trata de otra contratación directa por $1.197.000 para realizar una encuesta online. “La orden de compra se encuentra pendiente de emisión. No ha sido formalizada la contratación”, advirtieron desde la Casa Rosada ante el pedido de acceso a la información pública realizado por Infobae.
Gustavo Córdoba es un consultor cordobés, de perfil bajo para los medios de comunicación nacionales. Es conocido dentro del mundillo de los encuestadores con su consultora, que ahora se llama Zuban Córdoba y Asociados.
Su último estudio, correspondiente a julio, señala algunos datos preocupantes para el Presidente. “La aprobación del Gobierno sigue igual que el mes anterior (42% la positiva y 56% la negativa) y las imágenes del Presidente (43% la positiva y 56% la negativa) y de los principales dirigentes también. El 58,9% cree que la Argentina va por el rumbo incorrecto, aunque vale la pena destacar un incremento del 7% entre quienes observan que el país va en el rumbo correcto”, sostuvo.
El informe, además, analizó el impacto de la vacunación en el proceso electoral, las dos variables de máxima tensión hoy en los despachos oficiales: “La aceleración en el proceso de vacunación no ha reportado un incremento positivo para el gobierno, así que podemos decir provisoriamente, que con la vacuna no alcanza y sin la vacuna no se llega a las elecciones”.
Pero más allá de los informado por Jefatura de Gabinete, en los últimos meses hubo una tercera contratación directa realizada por la Dirección Nacional de Vialidad para encuestas. Es un contrato que el Gobierno adjudicó a Julio Aurelio SA por un monto de $9.075.000 para una “evaluación periódica de la gestión” del organismo y la “percepción de transparencia en la asignación de obras viales”, el “avance y/o terminación de las obras”, y “evaluación del grado de seguridad de las rutas argentinas”, entre otros ítems.
Julio Aurelio SA es la única de las consultoras que trabajó en el último trimestre tanto para el oficialismo como para la oposición. Más allá de su contrato con la Dirección de Vialidad, ésta consultora fue la más beneficiada por el gobierno porteño: ganó tres contratos entre mayo y julio por un total de $6.756.813, según información oficial.
Infobae publicó esta semana que la administración de Horacio Rodríguez Larreta contrató más de 11 encuestas en los últimos tres meses por un total superior a $21 millones. Un número provisto por la gestión de Horacio Rodríguez Larreta que casi duplica la cifras manejadas oficialmente por la Casa Rosada.
¿Para qué contrató el gobierno nacional estas encuestas? “Desde marzo de 2020 a la actualidad, en un escenario crítico de pandemia, se requiere de un análisis y seguimiento constante de las políticas públicas orientadas a mitigar y evaluar sus efectos en sus distintas etapas. Por dicha razón, los estudios encomendados tuvieron como eje principal el análisis de la pandemia, especialmente la percepción ciudadana sobre las acciones de gobierno, los riesgos para la salud, los impactos sobre la economía de las familias y el programa de vacunación nacional”, respondieron desde el Gobierno. Según la Casa Rosada, las elecciones no aparecen entre los temas preguntados por las encuestadoras.
La contratación de encuestas y sondeos de campaña deben pagarse mediante los fondos de las alianzas electorales. Esos gastos se reflejan en los informes de financiamiento que los partidos presentan a la Justicia electoral. Sin embargo, en la práctica, las encuestas son un gasto que mayormente no pagan los candidatos, sino que suele pasar por la “caja” de alguna gestión o puede tratarse de una donación en especie.
Pero más allá de los nombres que aparecen oficialmente contratados por la administración de Alberto Fernández, desde el mundillo de los encuestadores señalan a otros colegas como los “favoritos” del Gobierno. Algunos de los estudios más consumidos en la Casa Rosada – aunque no necesariamente fueron proveedores del Ejecutivo – son los que elabora el Centro de Estudios de Opinión Pública, de Roberto Bacman; los trabajos de Opina Argentina, cuyo titular es Facundo Nejamkis, y los sondeos de Comunicaciones Sudamericana, de Raúl Timerman, y Analogías. Esta última consultora perteneció a Analía del Franco pero la vendió en 2017, y desde entonces quedó en manos de Pablo Mandía y se la vincula a La Cámpora y al Instituto Patria. “Quizás no la contraten formalmente, pero seguro usan sus números”, le dijo a Infobae un avezado consultor político.
Algunos de consultores que históricamente trabajaron con el peronismo y que fueron contratados en la última campaña electoral del Frente de Todos, tampoco figuran como hoy como clientes del Ejecutivo. Es el caso de Hugo Haime, cercano a Sergio Massa. “Sí hace estudios que miden la imagen del Gobierno, pero para sus clientes privados”, explicaron en su entorno.
Ante la consulta de Infobae, todos estos consultores negaron tener algún contrato reciente con el gobierno nacional.
Las encuestas que llegan a los despachos más influyentes de la Casa Rosada salen de la Unidad de Opinión Ciudadana es una dependencia creada para absorber este tipo de servicios para la gestión. Desde allí se ideó un Acuerdo Marco para distribuir los sondeos entre distintas consultoras y, así, -sostienen- evitar el favoritismo
“El Acuerdo Marco es una modalidad de contratación transparente, menos onerosa y más ágil. Fue diseñado garantizando el principio de igualdad y el de libre concurrencia para que todos aquellos interesados pudieran presentar sus ofertas para cada tipo de estudio en condiciones de igualdad. De esta manera se ha democratizado la participación”, explicaron desde Jefatura de Gabinete.
Sin embargo, hay que tener en cuenta que existen otras vías por las cuales el Gobierno puede acceder a estudios de opinión pública y encuestas, sin desembolsar fondos en forma directa desde el Ejecutivo. En una modalidad también usada durante el macrismo, se pueden contratar sondeos de opinión a través de organismos descentralizados como AYSA o un banco público como el Nación, que tienen presupuestos propios.
También la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), un organismo sobre el cual se mantiene una opacidad informativa respecto del manejo de sus recursos, que -según pudo saber Infobae- encargó una encuesta que recientemente circuló en los despachos oficiales.
Fuente: https://www.infobae.com
