Qué es (y qué no es) el huachicol fiscal
En México se denomina “huachicol fiscal” a la importación y comercialización ilícita de gasolinas y diésel mediante esquemas para evadir impuestos —en especial el IEPS a combustibles— y controles aduaneros. A diferencia del “huachicoleo” de ductos (robo físico al sistema de PEMEX), el huachicol fiscal simula operaciones de comercio exterior (por ejemplo, declarar aditivos o lubricantes en vez de combustibles) para introducir cargamentos sin pagar impuestos ni cumplir normas, distorsionando el mercado y el fisco.
El IEPS es un tributo que grava, entre otros, la importación y venta de gasolinas y diésel; su diseño y cálculo están regulados en la Ley del IEPS y en materiales oficiales de Hacienda y el SAT.
El “cómo”: tácticas y eslabones de la cadena ilícita
Las investigaciones periodísticas y de autoridades describen un patrón operativo que combina empresas importadoras (legales o fachada), agentes logísticos y funcionarios corruptos en aduanas marítimas y fronterizas. El modus operandi recurrente es: (1) descargar hidrocarburos en puertos del Golfo y Pacífico; (2) clasificarlos bajo fracciones arancelarias distintas (p. ej., “aditivos” o “lubricantes”) para reducir o eludir IEPS y controles; (3) mover el producto por pipas o carrotanques a centros de distribución y venderlo en el mercado con ventaja de precio frente a estaciones formales.
En 2024–2025, los puertos de Altamira y Tampico (Tamaulipas) aparecen reiteradamente en expedientes y reportajes; también se mencionan Guaymas (Sonora) y Ensenada (Baja California) como puntos de riesgo por su movimiento marítimo y su conexión carretera con el norte del país.
Dónde y cuándo: el mapa reciente del fenómeno (2024–2025)
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Altamira y Tampico, Tamps. (abril de 2024–marzo de 2025): la Fiscalía y reportajes periodísticos señalan descargas ilegales repetidas —de 14 a 31 buques según distintas piezas— con diésel disfrazado de aditivos, enlazadas con cientos de pipas para su distribución.
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Aduanas del norte (2019–2025): la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) reportó 66 incidencias de presunto huachicol fiscal con 3.48 millones de litros ingresados ilegalmente y un valor declarado de 31.9 millones de pesos; los hallazgos provienen de solicitudes de transparencia y se concentran en cruces del norte. (Dato divulgado el 19–20 de octubre de 2025.)
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Guaymas y Ensenada (2024–2025): medios refieren que también operaron esquemas de descarga y “reclasificación” en estos puertos del Pacífico, tema bajo lupa de autoridades federales.
Quiénes intervienen: empresas, funcionarios y dependencias
El entramado involucra importadores del Padrón de Importadores de Sectores Específicos (Sector 13: hidrocarburos), operadores logísticos y personal aduanero. En 2025, el SAT intensificó revisiones y suspensiones del padrón (herramienta clave para cortar la operación) y reportó 109 expedientes penales por fraudes y contrabando, con un perjuicio fiscal cercano a 22,843 millones de pesos en el periodo enero–septiembre.
La militarización de aduanas (trasladadas a SEMAR desde 2020 y con la ANAM creada en 2022) no contuvo por sí sola la corrupción: en 2024–2025 se destapó una red donde participaron mandos navales y empresarios; las causas penales refieren sobornos y utilización de estructuras para permitir descargas. La presidenta Claudia Sheinbaum y la SHCP han colocado el cierre del “boquete” del huachicol fiscal como prioridad de la agenda fiscal 2026.
Casos específicos mencionan a exdirectivos aduaneros como testigos colaboradores, quienes relataron pagos por permitir el desembarque de barcos con combustible (p. ej., Tampico, 2024–2025). Autoridades y medios narran aseguramientos de cuentas, bienes y vehículos vinculados a los presuntos responsables. (Los señalamientos permanecen sub judice.)
Nota sobre empresas: distintos medios han publicado presuntas suspensiones temporales del padrón contra importadores específicos durante 2025. Estas medidas administrativas no equivalen a sentencia penal y suelen litigarse. (Ver portal del SAT para estatus vigentes del padrón.)
El costo económico y la distorsión del mercado
La importación ilegal presiona a la baja los precios de venta al público de quienes operan fuera de norma y provoca pérdidas millonarias de recaudación; cámaras gasolineras estiman un impacto “multimillonario” y denuncian competencia desleal que mina la inversión formal en estaciones y terminales. En 2024–2025, reportes periodísticos y gremiales han documentado caída de ventas en gasolineras formales en zonas donde se infiltra producto ilícito.
La respuesta del Estado (2025): pinzas legales, aduaneras y fiscales
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Pinza penal y administrativa: más carpetas penales, suspensiones del padrón y vigilancia focalizada en Sector 13 (hidrocarburos). La ANAM reporta incidencias; el SAT y la FGR judicializan casos.
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Reformas aduaneras: el Senado aprobó en octubre de 2025 una nueva legislación para frenar el contrabando (más facultades de inspección, reglas para agentes aduanales, control en recintos), aunque difirió su entrada en vigor a 1 de enero de 2026.
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Agenda fiscal 2026: la SHCP propuso reforzar aduanas, modernización tecnológica y nuevos aranceles como parte de una estrategia para “cerrar el boquete” del huachicol fiscal sin reforma fiscal integral.
Por qué resurge ahora: tres factores clave
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Incentivo económico: brechas de precio transfronterizas + cuotas IEPS crean margen para el fraude;
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Capacidades logísticas: infraestructura marítima y carretera que facilita mover grandes volúmenes;
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Debilidad institucional localizada: cuellos de botella en verificación, colusión y litigios que frenan sanciones definitivas.
Riesgos y daños colaterales
Además del golpe fiscal, el huachicol fiscal implica riesgos de seguridad industrial (producto sin trazabilidad ni NOM), daño ambiental (manejo informal de residuos y derrames) y captura regulatoria (funcionarios corrompidos). Las investigaciones han derivado en aseguramientos de cuentas y bienes y en audiencias de vinculación a proceso contra presuntos integrantes de redes.
¿Qué falta? Retos hacia 2026
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Ejecución efectiva de la reforma aduanera (a partir del 1 de enero de 2026).
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Interoperabilidad de datos entre ANAM–SAT–FGR para cruzar pedimentos, permisos CRE/SENER y flujos bancarios en tiempo real.
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Supervisión civil técnica en aduanas, con controles anticorrupción y rotación inteligente de mandos.
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Trazabilidad desde buques hasta pipa/estación con sellos digitales y lectura en ruta (IoT).
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Sanción y reparación: recuperar activos y romper incentivos (multas proporcionales al daño fiscal; inhabilitaciones y cancelación definitiva en padrones a reincidentes).
Metodología y notas editoriales
Este reportaje se elaboró con verificación cruzada de notas periodísticas nacionales e internacionales, comunicados y bases públicas del SAT/SHCP y cobertura reciente de casos en puertos del Golfo y Pacífico. Todas las personas y empresas mencionadas se tratan conforme a presunción de inocencia hasta sentencia firme. Fuentes clave: Expansión (19 mayo 2024 y 8 sep 2025), Animal Político (sept. 2025), ONEXPO (2025), El País (sept.–oct. 2025), El Economista (13 sep 2025), LA Times (24 sep 2025), ANAM/SAT (oct. 2025), entre otras.
