El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) presentará una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra el acuerdo a través del cual el presidente Andrés Manuel López Obrador pretende declarar de seguridad nacional las obras de infraestructura de su administración.
Por unanimidad, el pleno del Inai determinó que disputará la constitucionalidad del acuerdo ante el máximo órgano de justicia del país, pues considera que implica varias violaciones al artículo 6 de la Constitución, que estipula el derecho a la información y la obligación de las instituciones a transparentar sus archivos bajo el concepto de máxima publicidad.
Consideró que el “decretazo” que López Obrador publicó de manera sorpresiva en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el pasado 22 de noviembre, “transgrede los principios de supremacía constitucional y legalidad, porque realiza una reserva anticipada y generalizada de la información relativa a esos proyectos u obras, vulnerando el derecho a saber de la sociedad”.
También advirtió que, de entrar en vigor, el acuerdo podrá servir de pretexto a las dependencias de gobierno para incumplir con las instrucciones del Inai, que son inatacables, definitivas y vinculatorias.
Los detractores del llamado “decretazo” han advertido que, con su declaratoria de seguridad nacional, las obras prioritarias del gobierno federal estarán exentas de cumplir con los requisitos legales –como entregar estudios de impacto ambiental o financieros—y, además, tendrán el pretexto para reservar los documentos que les concierne.
Su publicación provocó una ola de indignación en los sectores de oposición, pero también entre organizaciones de la sociedad civil y asociaciones que promueven la transparencia; de inmediato, el Inai informó que analizaría los alcances del acuerdo y determinaría si presenta una controversia constitucional –lo que hizo hoy–.
La senadora Olga Sánchez Cordero, presidenta del Senado y exsecretaria de Gobernación, desató otra polémica hoy, cuando afirmó que la Cámara Alta no tiene interés jurídico para discutir la constitucionalidad del acuerdo, por lo que no se pronunciaría al respecto.
Los comisionados del Inai, por su parte, sostuvieron que “el Acuerdo transgrede los principios de supremacía constitucional y legalidad, porque realiza una reserva anticipada y generalizada de la información relativa a esos proyectos u obras, vulnerando el derecho a saber de la sociedad”.
