MRS / Revista Punto de Vista / 25 de junio 2025
La presidenta del país ha vuelto a hablar de una “reforma electoral” y con ello ha encendido las alarmas sobre lo que podría pasar con el Instituto Nacional Electoral (INE). Hoy, el gobierno ya tiene cierta influencia en el INE a través de su actual presidenta, Guadalupe Taddei. Por eso, cuando desde el poder se dice que el INE gasta demasiado y que es momento de hacer cambios importantes, no es exagerado preguntarse si realmente quieren mejorarlo… o desaparecerlo tal como lo conocemos.
Desde hace tiempo, el discurso oficial repite que el INE es caro, lento y está desconectado de la gente. También se critica el dinero que se les da a los partidos políticos y se promete ahorrar. Pero detrás de ese discurso hay cosas que no se dicen.
Organizar elecciones confiables cuesta. Se necesita gente que trabaje en las casillas, credenciales seguras, listas actualizadas de votantes, vigilancia del dinero que entra a las campañas y formas de defender los resultados si hay dudas. Todo eso no es gratis, y querer recortar el presupuesto sin tener un plan real puede poner en riesgo la confianza en las elecciones.
Además, desde que se nombró a Guadalupe Taddei al frente del INE ya hubo señales de que el gobierno quiere controlar más al árbitro electoral. Si ahora se lanza una reforma desde el poder sin escuchar a todas las voces, podríamos estar viendo el cierre del camino hacia un control total.
Hablar de ahorrar puede sonar bien, pero hay que preguntarse: ¿ahorrar para quién? En otros países, cuando los gobiernos han debilitado a sus instituciones electorales, lo que viene después es menos competencia, menos vigilancia y más ventajas para quien está en el poder. O sea, el “ahorro” lo termina disfrutando el partido gobernante.
Si analizamos el panorama, hay tres posibles caminos que podría tomar esta reforma. Uno sería un ajuste técnico, es decir, mejorar algunos procesos, recortar un poco aquí y allá, sin tocar lo esencial del INE. Pero eso suena muy bien para ser verdad, porque no encaja con el tono que trae el gobierno.
El segundo camino, que parece el más probable, es un rediseño que le quite fuerza al INE pero sin hacerlo desaparecer por completo. Por ejemplo, podrían quitar a muchos diputados que representan a minorías con el argumento de que “ya sobran”, lo que dejaría a la oposición con menos espacio. También podrían cambiar la forma en que se eligen a los consejeros del INE, para que la mayoría en el Congreso (que es del partido oficial) los nombre sin necesidad de negociar con nadie. Otro riesgo es que le recorten tanto el dinero al INE que ya no pueda hacer bien su trabajo: organizar elecciones, vigilar a los partidos o promover el voto. Y si además se concentran más decisiones en el centro, quitándole poder a los órganos electorales locales, el control estaría completo.
El tercer camino, el más grave, sería directamente eliminar al INE como lo conocemos. En este escenario, el gobierno fusionaría el INE con otra oficina como Gobernación, quitaría a los consejeros ciudadanos y se quedaría con el control total de las elecciones. Ya no habría espacio para la competencia real. Las elecciones seguirían existiendo, sí, pero serían solo un trámite, porque ya se sabría de antemano quién va a ganar.
Cuando la presidenta insiste en que va en serio con esta reforma, no es solo discurso. Es un aviso claro de que hay un plan para debilitar o controlar al INE. No se busca una democracia más fuerte, sino una que se acomode al gusto del gobierno, con menos competencia, menos voces distintas y un árbitro que no sea imparcial, sino que juegue del lado del poder.
Por eso, aunque el panorama es preocupante, no hay que rendirse. Esta reforma va a ser una prueba muy importante para el país. Si se aprueba en los peores términos, no será solo un cambio más: será el final de las elecciones como las conocemos, donde el voto de la gente decide. La ciudadanía, los medios, las universidades, los partidos de oposición y la comunidad internacional tienen que estar atentos. Defender al INE no es defender a una institución perfecta, sino proteger el derecho a que las elecciones sigan siendo libres, limpias y reales. México merece un árbitro que no juegue del lado del gobierno. Merece que el voto siga valiendo.
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