Ciudad de México, México. El senador de Morena, Carlos Lomelí Bolaños, defendió los contratos millonarios que sus empresas farmacéuticas han recibido del Gobierno de Claudia Sheinbaum, asegurando que todas las adjudicaciones se realizaron conforme a la ley y bajo criterios de transparencia.
En una carta pública difundida en sus redes sociales, el legislador respondió al reportaje publicado por Latinus que reveló adjudicaciones directas por más de 420 millones de pesos a favor de Laboratorios Solfran y Abastecedora de Insumos para la Salud, ambas ligadas a su emporio farmacéutico.
“Se les asignó contratos a todos los proveedores que calificaron, sin ningún tipo de irregularidad. No existió un solo ganador favorecido, sino varias empresas que cumplieron con los requisitos establecidos en las bases de licitación”, sostuvo Lomelí.
El senador afirmó que las empresas ofrecieron “las mejores ofertas técnicas y económicas”, garantizando precios competitivos para el Estado. Sin embargo, evitó aclarar los posibles conflictos de interés derivados de su posición como presidente de la Comisión de Marina en el Senado, mientras sus compañías proveen medicamentos a hospitales de la Secretaría de Marina.
En su carta, Lomelí insistió en que no es directivo de Laboratorios Solfran, aunque los documentos exhibidos por Latinus señalan que tanto él como su esposa son propietarios de la empresa a través del Corporativo Internacional Vigilando Tu Salud.
El político jalisciense —quien fue candidato de Morena a la gubernatura de Jalisco— acusó la existencia de “escándalos falsos” contra su trayectoria y defendió el trabajo del gobierno federal en materia de salud pública.
No obstante, los contratos otorgados a sus empresas surgen en medio de una crisis de desabasto de medicamentos y de cuestionamientos sobre la transparencia en las compras públicas del sector salud.
Carlos Lomelí es dueño de al menos 10 empresas y laboratorios que fabrican y distribuyen medicinas. Desde hace años, ha sido investigado por el Gobierno de Estados Unidos por presunto lavado de dinero y suministro de precursores químicos al narcotráfico, aunque nunca ha sido procesado penalmente.
