El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, pidió a los senadores de Morena continuar con la política de cero tolerancia a la corrupción y reveló que Emilio Lozoya, ex director de Pemex, desvió 83 millones de pesos de la empresa productiva del Estado mediante una universidad que contrató empresas fachada a las que se les otorgaban contratos para sacar el dinero con fines personales o electorales.
Al participar en la reunión plenaria de Morena en el Senado, destacó que en el tema del combate a la corrupción es necesario identificar las tipologías y generar mecanismos para eliminar a las empresas fachada, factureras o outsourcing ilegal.
Explicó que uno de los casos tiene que ver con Pemex en la administración de Emilio Lozoya, donde fue utilizada una universidad a través de un contrato de empresa fachada.
“Estos son casos nuevos… Es un caso de 83 millones donde se utiliza nuevamente una universidad y esa universidad contrata empresas fachada… Lo que encontramos durante la administración anterior fue que esas empresas fachada eran constituidas, en razón de que competían ilícitamente contra los empresarios, porque ganaban los contratos, y estas empresas, tres o cuatro veces después de haber ganado millones de pesos en contratos, desaparecían.
“El dinero era trasladado a cuentas particulares, de ahí se sacaba el dinero en efectivo y por trasladadores de valores era llevado a distintos lugares de la República, e inclusive fuera de las fronteras nacionales”, explicó.
Otro de los casos, dijo, es un asunto vinculado con el DIF estatal, “el tema central con este caso en particular, es que es el mismo esquema que se encuentra en la estafa maestra, el mismo esquema que se encontró en Pemex y que, a partir de ahí, se hacen transferencias internacionales”.
Nieto destacó que la apuesta de esta administración es congelar las cuentas, encontrar las personas físicas y morales que son utilizadas para el lavado de dinero.
“Los grupos delincuenciales no surgen por generación espontánea, son protegidos, promovidos o apoyados por grupos de poder, particularmente local; y esa es la corrupción política que tiene que ser combatida es precisamente esa, para poder abatir la protección que tienen, particularmente territorial estos grupos”, expresó.
Señaló que hay que contrarrestar la corrupción al interior de los ministerios públicos y la judicial, que también les otorga mecanismos jurídicos de protección.
Pidió a los legisladores discutir los temas de puertos, aduanas y en general el trasiego de bienes, incluyendo la introducción al país, de forma ilícita, de armas y de drogas, particularmente el fentanilo, que se ha convertido en un problema de salud pública a nivel global.
“El objetivo es que se pueda identificar a las organizaciones sin fines de lucro que participen en este tipo de modelos y que podamos tener mayor información que permita el combate al tráfico ilícito de personas o a la trata de personas”.
Y destacó que a través de la UIF se puede detectar el tema de trata o tráfico ilícito de personas y de , ya que los responsables “reciben salarios” o sueldos de empresas fantasmas.
También solicitó modificaciones donde se obliga a la UIF a notificar por escrito a las personas que se les congelan las cuentas.
Fuente: AGENCIAS
