El Ministerio del Interior español ultima el operativo policial para trasladar este jueves a México al ex director general de la petrolera estatal mexicana Pemex, Emilio Lozoya, después de que la Audiencia Nacional autorizara el 2 de julio su extradición. Lozoya, actualmente encarcelado en la prisión de Navalcarnero (Madrid), partirá previsiblemente a las cinco de la tarde, hora española (10 de la mañana en México), del aeropuerto Adolfo Suárez, de la capital española, según confirmaron a EL PAÍS fuentes policiales. La llegada está prevista que se produzca cerca de la medianoche en México.
El exdirectivo de Pemex fue detenido el 12 de febrero en la mansión de un magnate ruso en una urbanización de lujo de Benahavís (Málaga), donde se ocultaba. Desde entonces, permanece encarcelado. Lozoya estuvo prófugo ocho meses y las autoridades mexicanas lo buscaron en Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, Francia, Italia y Rusia antes de ser arrestado en España. El exdirectivo de Pemex, acusado de fraude a gran escala y corrupción por las autoridades de su país, rechazó en un primer momento su entrega a México. Sin embargo, el pasado 29 de junio su abogada presentó ante el tribunal un escrito en el que aceptaba ser extraditado de manera inmediata. Esto último se produjo después de que las autoridades mexicanas le ofrecieran cooperar con la justicia para dar información sobre la presunta implicación de sus superiores jerárquicos en una trama de corrupción.
El cambio de postura de Lozoya fue recogido por la Audiencia Nacional al hacer referencia en su auto del 2 de julio que aplicaba el artículo 19 bis del tratado de extradición bilaterial entre ambos países, que señala que “si el reclamado manifiesta a las autoridades competentes de la parte requerida que consiente en ser extraditado, dicha parte podrá conceder su extradición sin mayores trámites” sin necesidad de celebrar la vista, a la que la propia abogada del exfuncionario en España renunció. Desde entonces, las autoridades mexicanas y españolas han estado ultimando los detalles, a través de Interpol, para proceder a la entrega de Lozoya.
Con la llegada de Lozoya, el Gobierno mexicano presenta finalmente una de las cartas más esperadas en su combate a la corrupción. El exfuncionario es hasta ahora el político de más alto perfil señalado en la trama mexicana de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. Está acusado de lavado de dinero, cohecho y fraude por la Administración de Andrés Manuel López Obrador. Su llegada provoca una gran expectativa por el alcance que puedan tener sus revelaciones sobre el mandato del Enrique Peña Nieto (2012-2018). Su testimonio, pactado para conseguir penas menores, puede incriminar a varios miembros del círculo más cercano del expresidente priista.
“Hubo mucha corrupción en Pemex durante ese periodo, son los casos de Odebrecht, en lo que tiene que ver con la Reforma Energética”, ha dicho López Obrador la mañana de este miércoles desde Guanajuato. “Hay información de que para obtener los votos de la Reforma Energética hubo sobornos… Qué bien que aceptó el señor Lozoya regresar y se comprometió a informar de cuál es esta situación, qué fue lo que sucedió”, añadió el mandatario, que afirmó que el exdirector de la petrolera fue uno de los principales operadores para que se alcanzara la reforma de 2013 que permitió la inversión privada en el sector, uno de los planes estrella de Peña Nieto. La prensa local ha afirmado este miércoles que Lozoya tiene en sus manos varias horas de grabaciones en los que varios políticos de la oposición negociaron la aprobación de la reforma y otras iniciativas del Pacto por México a cambio de coimas.
La Fiscalía mexicana (FGR) anticipó desde la tarde del martes el envío de un avión desde Ciudad de México a Madrid para recoger a Lozoya. En el vuelo de ida, que ha durado más de 13 horas y media tras hacer una escala técnica en Canadá, viajaba Luis Alejandro Cervantes, el agregado de la FGR para Europa. Cervantes será el encargado de escoltar a Lozoya en el viaje de regreso.
La mirada está ahora puesta en las revelaciones que haga Lozoya, en su momento una de las personas más cercanas al expresidente. Se habla también de Luis Videgaray, la mano derecha de Peña Nieto, que ocupó las carteras de Relaciones Exteriores y Hacienda, aunque no se ha dado a conocer ninguna acusación formal. La hipótesis, citada por el periodista Raymundo Riva Palacio, es que Lozoya haría un intercambio: su libertad por incriminar al exmandatario y a Videgaray, parte del consejo de administración de Pemex como secretario de Hacienda, en la compra irregular de Agronitrogenados. Según esta versión, se trata de un esquema de corrupción orquestado desde la silla presidencial en el que se premiaba a quienes apoyaron la campaña del PRI con contratos públicos.
La Justicia mexicana ha seguido la pista de Lozoya al menos desde 2017, un año después de dejar la dirección de Pemex, donde estuvo de 2012 a 2016. Tres directivos de Odebrecht lo señalan en una declaración juramentada de haber recibido alrededor de 10 millones de dólares en sobornos mientras se desempeñaba como director internacional de la campaña de Peña Nieto para las elecciones de 2012. Los sobornos, de acuerdo con esta versión, continuaron hasta 2016, cuando supuestamente Lozoya cobró un soborno de alrededor de cuatro millones. Las primeras pistas sobre la gestión fraudulenta del político se dieron por las sospechas en torno a su patrimonio y la conexión de estos depósitos con la compra de una lujosa casa valuada en Ixtapa, en el Pacífico mexicano, valuada en casi dos millones. El exfuncionario negó las acusaciones en una rueda de prensa en 2017.
Lozoya también es acusado por la compra fraudulenta en 2014 de dos empresas durante su gestión en Pemex, Agronitrogenados y Fertinal. La operación costó a la petrolera 442 millones de dólares a cambio de compañías que llevaban más de 14 años sin operar y que tenían el 60% de su maquinaria en estado inservible, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación. La transacción acabó convirtiéndose en un hoyo negro para Pemex, la petrolera más endeudada del mundo, con gastos y pérdidas por 1.400 millones de dólares. En mayo de 2019, la Secretaría de la Función Pública, un fiscalizador que depende del Ejecutivo, inhabilitó a Lozoya por 10 años para ocupar cargos públicos tras presentar información falsa en su declaración patrimonial. Ese mismo mes, la Fiscalía mexicana lo acusó de un fraude por 257 millones de dólares y poco después se emitió una ficha roja de la Interpol, que lo ponía en busca y captura en 196 países.
Se cree que Lozoya abandonó México a mediados de 2019, primero con destino a Alemania, aunque después recaló en España. El político se refugió en una mansión de lujo de un empresario ruso en la Costa del Sol, según reveló EL PAÍS. En las semanas previas a su detención, el exfuncionario se dedicó a aprender ruso y a jugar al golf en una urbanización donde las residencias alcanzan hasta los 40 millones de euros. Hijo de un exsecretario de Estado, Lozoya tenía domicilios en Manhattan, la pequeña ciudad suiza de Carouge y Ciudad de México. Las autoridades mexicanas lo buscaron en Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, Francia, Italia y Rusia antes de ser arrestado en España.
A finales de junio, cuatro meses después de que se divulgara la imagen del graduado Harvard con cabello ralo subiendo a un vehículo de la Policía española, se dio a conocer que estaba dispuesto a cooperar y a ser extraditado a México. El acuerdo para concretar la extradición se hizo público el lunes de la semana pasada. Un día después, la FGR desmontó la llamada “verdad histórica”, la versión que defendió el Gobierno de Peña Nieto para acallar las críticas en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en septiembre de 2014. Y el miércoles, en plena visita de López Obrador a la Casa Blanca, se hizo pública la detención en Miami de César Duarte, exgobernador del Estado de Chihuahua y una figura que amasó poder y fortuna en el PRI durante el Gobierno de Peña Nieto.
“El cerco sobre Peña Nieto se ha estrechado por razones naturales”, afirmó en febrero pasado Alejandro Gertz Manero, titular de la FGR, en entrevista con este periódico. Ahora, la Fiscalía y el Gobierno mexicanos ponen una de las cartas más importantes en su cruzada anticorrupción sobre la mesa.
Fuente: AGENCIAS
