Contratos por casi mil 150 millones de pesos para la distribución de alimentos a cárceles, hospitales, la Guardia Nacional y otras instituciones del gobierno obtuvo para este año un corporativo de empresas que ha monopolizado ese servicio desde el gobierno de Vicente Fox, que ha sido multado por intoxicaciones derivadas de la mala calidad de varios de sus productos y algunas de cuyas cuentas fueron congeladas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por operaciones irregulares presuntamente relacionadas con lavado de dinero en el suministro de despensas para el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.
Se trata del Corporativo Kosmos (La Cosmopolitana, Café Bersa y Productos Serel) y de la empresa Abastos y Distribuciones Institucionales (Abadi), propiedad de la familia Landsmanas, de origen letón-lituano.
Según información del sistema Compranet, Abadi tiene este año contratos por 964 millones 694 mil 617 pesos y 51 centavos: de 572 millones 410 mil 181 pesos y 84 centavos con el IMSS; de 313 millones 986 mil 410 pesos y 33 centavos con la Guardia Nacional; de 27 millones 888 mil 58 pesos y 94 centavos con la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México; de 16 millones 928 mil 994 pesos y 86 centavos con el Hospital Infantil de México Federico Gómez; de 13 millones 280 mil pesos con el gobierno de Chihuahua; de 12 millones 650 mil 698 pesos y 77 centavos con el DIF; de 3 millones 986 mil 510 pesos y 77 centavos con el gobierno de Michoacán, y de 3 millones 563 mil 762 pesos con el ISSSTE.
En tanto, Café Bersa tiene este año contratos por 24 millones 865 mil 374 pesos y 26 centavos: de 19 millones 545 mil 142 pesos y 81 centavos con la Secretaría del Trabajo; de 3 millones 268 mil 103 pesos y 45 centavos con la Procuraduría Federal de Defensa del Trabajo, y de 2 millones 52 mil 128 pesos con el IMSS.
Y Productos Serel tiene este año contratos por 160 millones 46 mil 401 pesos y 48 centavos: de 5 millones 945 mil 245 pesos y 37 centavos con el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca; de 43 millones 486 mil 427 pesos con el Hospital Juárez de México; de 22 millones 362 mil 140 pesos y 99 centavos con Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA); de 25 millones 452 mil 189 pesos con la Fiscalía General de la República; de 47 millones 413 mil 793 pesos y 10 centavos con el DIF, y de 15 millones 386 mil 606 pesos con el IMSS.
Las denuncias
Cuando el hoy comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño Yáñez, dirigía los Centros Penitenciarios Federales a inicios del actual gobierno declaró sobre la existencia de una empresa, cuyo nombre no mencionó, pero dijo que estaba en todos lados con “contratos leoninos” para las cárceles federales.
El 20 de febrero del año pasado se preguntó a AMLO sobre tal señalamiento en la conferencia de prensa mañanera. Ahí dijo que ya se hacía una revisión —sobre la que informaría en una semana— respecto a las adquisiciones de alimentos para los penales federales y también sobre las compras de medicamentos y equipos médicos del sector Salud.
La información aportada por el gobierno en los días subsecuentes se centró en el tema de las medicinas.
El 25 de febrero, VICE México, apoyado por Quinto Elemento Lab, publicó un reportaje que tituló El cártel de la comida, en el que identificaba a La Cosmopolitana como la principal proveedora durante los últimos 18 años de la comida para los reos de los reclusorios federales. La empresa forma parte del Corporativo Kosmos que, según esa investigación periodística, ha logrado contratos por 29 mil 76 millones de pesos entre 2002 y 2019.
Su fundador, Ilja o Elías Landsmanas llegó a México en 1959 a los 11 años junto con sus padres Pejsach o Pablo y Chaja Dymensztejn, procedentes de los países bálticos Letonia y Lituania, según consta en el archivo histórico migratorio de nuestro país.
Pablo se empleó en una carnicería de otro lituano emigrado a México, León Brener (quien fundaría la marca de embutidos FUD), y después estableció su propia carnicería, La Modelo.
Ya con la ayuda de sus hijos Elías y Jorge (éste ya nacido en México), expandió el negocio hacia el pollo y los abarrotes, compraron al gobierno una red de bodegas de almacenaje y crearon una flotilla de transportes convencionales y con refrigeración. Fue así que nació La Cosmopolitana y luego otras empresas como Servicios Parel y Café Bersa, que conforman el Corporativo Kosmos, hoy dirigido por Jack Landsmanas, nieto de Pablo, así como Abadi, las cuales compiten entre sí por las licitaciones y las adjudicaciones del gobierno federal y de varios estados de
la República.
Sus primeros contratos con el gobierno los obtuvieron durante la gestión de Vicente Fox. En 2002 tenían contratos por 6 millones de pesos, que aumentaron a 343 millones de pesos en 2009, ya en la administración de Felipe Calderón, y luego crecieron a 5 mil millones de pesos en 2018, en el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Según el reportaje referido, se pudo investigar con los pocos proveedores que han quedado para competir en ese mercado (no más de 10 empresas, aseguraron algunos) que los Landsmanas han hecho de la discreción y de la agresividad mercantil su divisa de trabajo. Otros los señalan de “sembrar” las licitaciones mediante la corrupción de funcionarios, esto es, dictar condiciones contractuales que, por su tamaño y estructura monopólica, solamente pueden satisfacer las empresas del Corporativo Kosmos.
Entre noviembre de 2010 y noviembre de 2011 —revela la información publicada—, César Mora Eguiarte, entonces director de Adquisiciones de Bienes del IMSS, filtró información a los directivos de La Cosmopolitana y Productos Serel para ganar las licitaciones.
¿Y la calidad?
Corporativo Kosmos refiere en su página de internet que el servicio que presta es avalado por 50 años de trabajo, aunque ni él ni las empresas que lo conforman aparecen en el Registro Público de Comercio, según una primera revisión.
Es proveedor, ciertamente, de la comida diaria (unas 700 toneladas) de poco más de 3 millones de mexicanos, muchos de ellos en situación de confinamiento: reos, enfermos hospitalizados, niños internados en albergues del DIF y trabajadores de plataformas petroleras. También distribuye alimentos para comedores de empleados de distintas dependencias de gobierno y los desayunos escolares.
Diversas demandas derivaron en la realización de una auditoría con la que la Secretaría de la Función Pública determinó aplicarles el 7 de junio de 2012 una multa de 180 mil 469 pesos.
Pero las quejas continuaron: 1) el motín ocurrido en la colonia penal de las Islas Marías el 2 de febrero de 2013, que dejó 32 reos heridos que protestaban por la falta de agua y la mala calidad de los alimentos suministrados, y 2) la intoxicación de más de 600 reclusos del Penal de Puente Grande en Guadalajara ocurrida el 24 de mayo de 2014 al consumir ceviche de soya contaminado con salmonela que ese día se sirvió como parte del menú.
Un estudio realizado en 2017 por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología e Historia y el Centro de Investigación y Docencia Económicas en cuatro cárceles federales concluyó que la comida tenía hilos, larvas, gusanos y cucarachas.
Las despensas venezolanas
La Cosmopolitana fue señalada como una de las tres empresas mexicanas que lucraron con la necesidad del pueblo venezolano al participar en la red que vendió a un sobreprecio de hasta 120% despensas de mala calidad a los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).
Los envíos de hasta un millón de despensas al mes desde 2017 se hacían desde Veracruz y desembarcaban en el puerto venezolano de la Guaira.
Entre el 3 y el 5 de octubre de 2018, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda ordenó mediante el acuerdo 45/2018 el bloqueo de cuentas de las empresas involucradas, incluidas las tres mexicanas y las de los intermediarios de Maduro: los colombianos Alex Naim Saab, Shadi Naim Saab, Álvaro Pulido Vargas, Emanuel Enrique Rubio y Andrés Eduardo León Rodríguez, este último apoderado legal de Group Grand Limited de Hong Kong.
El 18 de octubre, la entonces PGR desarticuló la red que vendía a Venezuela luego de que la UIF interpusiera la denuncia. El 7 de febrero de 2019 el juez 13 de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México amparó a Group Grand Limited.
Fuente: http://www.eluniversal.com.mx
