El empresario Alejandro Ortiz Monasterio de Noriega, propietario y director de una empresa que participó en la falsificación y simulación de expedientes de la llamada #OperaciónEntregables, presentó un juicio de amparo contra la Fiscalía General de la República (FGR).
La demanda de garantías fue presentada por el dueño de las empresas Almeva y Fábrica de Empleos ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, sin que haya sido admitida hasta el momento.
De acuerdo con las listas de acuerdos del Consejo de la Judicatura Federal, el Juez Tercero de Amparo, Augusto Octavio Mejía Ojeda, le solicitó a Alejandro Ortiz Monasterio aclarar los actos jurídicos que impugna dentro de la investigación iniciada por la FGR contra la ex titular de las Secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Rosario Robles, y otros altos funcionarios que participaron en la denominada “Estafa Maestra”.
La resolución del impartidor de justicia indica que el empresario cuenta con un plazo de cinco días para que “aclare la demanda de amparo” y advierte que solamente el propio Alejandro Ortiz Monasterio de Noriega podrá dar respuesta a los requerimientos del juzgador federal.
De acuerdo con una investigación especial de Aristegui Noticias sobre la trama denominada #OperaciónEntregables, el despacho Almeva SA de CV, propiedad de Alejandro Ortiz Monasterio de Noriega, participó como intermediario o enlace de Sedesol y Sedatu con las empresas o asociaciones civiles que cobraron por trabajos y servicios inexistentes.
Los correos de Almeva
Una cadena de correos electrónicos revelada por Aristegui Noticias el 30 de junio del 2018 revela el uso de direcciones de correo electrónico de la empresa Almeva en la falsificación de expedientes de obras y servicios que no se realizaron, pero que sí fueron pagados por las dependencias a cargo de la extitular de Sedesol y Sedatu, Rosario Robles Berlanga.
Un correo electrónico fechado el 14 de noviembre de 2016 en el que aparecen copiados empleados de Almeva como el propio Alejandro Ortiz Monasterio demuestra la fabricación de expedientes para salvar las indagatorias que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) inició al detectar la triangulación y subcontratación de servicios en dependencias como Sedesol y Sedatu cuando Rosario Robles fue la titular de ambas dependencias.
“… como lo conversamos, te anexo la factura FA-54 de MARS, Integradores de Telecomunicaciones e Informática para la UPQRoo sobre el proyecto de capacitación con José Luis y Omar, así como la documentación legal de la empresa”, señala el comunicado.
El correo incluía actas constitutivas de la empresa y copia de sus cuentas bancarias, entre otros documentos.
En el correo aparecen varias direcciones electrónicas vinculadas a la empresa Almeva, incluyendo la del propios Alejandro Ortiz Monasterio de Noriega. Otros empleados que se observan en la comunicación son Rafael Mariscal Carvajal, Francisco Velázquez Flores y Andrés Farías.
Otro correo electrónico fechado el 15 junio de 2017 a las 11:57 horas también vincula a funcionarios de Sedesol y Sedatu con Almeva para fabricar un expediente relacionado con la Universidad Politécnica de Quintana Roo.
La comunicación enviada electrónica por Erick Javier Sánchez Herrera ([email protected]) tiene como destinatarios a Claudia Morones y a Enrique Prado o David de Jesús Guerrero Sesma ([email protected]), ambos ex funcionarios de Sedesol y Sedatu.
Los correos electrónicos demuestran las actividades concertadas entre funcionarios federales, universitarios y empleados privados para armar expedientes y así engañar a los auditores.
Las fábricas de la #OperaciónEntregables
En la #OperaciónEntregables se reportó la participación de al menos dos despachos privados y de tres domicilios o “búnkers” distintos para para la fabricación de expedientes que ayudaron a las dependencias dirigidas por Robles Berlanga a librar las auditorías de la ASF.
El primero se localiza en Providencia 1206, interior 6, colonia Del Valle Centro, alcaldía de Benito Juárez.
El segundo se ubica en Bahía de Magdalena 125, colonia Anzures, alcaldía Miguel Hidalgo, donde incluso Aristegui Noticias pudo observar movimiento nocturno durante su investigación del 2018.
En Guanajuato 214, colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc, se encuentra el tercer búnker, según las fuentes consultadas.
En los tres casos participó la compañía Almeva que es dirigida por el empresario Alejandro Ortiz Monasterio de Noriega. La coordinadora de la operación en estos lugares fue la ex funcionarioa de Sedesol y Sedatu, Claudia Morones Sánchez.
De acuerdo con una nota del diario Reforma aparecida este lunes, al menos se usaron otros cuatro domicilios con el mismo fin de fabricar expedientes: Tennyson 77 y Tennsyon 125 en Polanco, ambos domicilios vinculados con el ex Oficial Mayor de Robles en Sedesol y Sedatu, Emilio Zebadúa.
De igual forma, aparece señalado la dirección Horacio 1840, cuarto piso en la colonia Polanco, inmueble que ocuparon como oficinas temporales Francisco Báez Álvarez y Héctor José de la O Chi, ex directores de Programación y Presupuesto de la Sedatu.
Un cuarto domicilio que aparece en la trama es Bahía de Magdalena 145, domicilio que coincide con la empresa FACTORES Y SERVICIOS HUMANOS LIZPOG SA DE CV, de la que Claudia Morones es comisaria.
Una de las accionistas de la empresa Lizpog es Lizette Prado Ordoñez, hermana de Enrique Prado Ordóñez, otro ex colaborador de Rosario Robles que ha sido imputado.
La conexión Almeva
Almeva se define como una compañía que busca vincular a la iniciativa privada con las universidades públicas y los institutos tecnológicos, con el fin de que los estudiantes se integren de forma directa a la cadena productiva.
En 2013, Almeva firmó un convenio con los entonces rectores de las Universidades Politécnica de Chiapas, Navor Francisco Ballinas Morales, y de la Universidad Autónoma de Chiapas, Jaime Valls Esponda, para vincular a ambas instituciones con proyectos productivos.
Alejandro Ortiz Monasterio junto con Felipe Molina Ortiz Monasterio es copropietario de otras dos iniciativas para vincular a la iniciativa privada con instituciones de educación superior: Impulsora de Talentos y Fábrica de Empleos.
La denominada Fábrica de Empleos reconoce que su cartera de clientes incluye a Sedesol, Sedatu y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). Además, cuenta con 41 convenios firmados con universidades públicas, entre las que se encuentran varias que han sido señaladas por participar en la simulación de servicios y el desvío de recursos públicos.
Fuente: http://www.aristeguinoticias.com
