Tras las críticas de agrupaciones defensoras de derechos humanos a la Ley de Seguridad Interior, aprobada el jueves en la Cámara de Diputados, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) expresó su respaldo a la legislación y pidió a los senadores dar su aval sin demora.
Los empresarios consideraron que la aprobación de la Ley, que da “certidumbre jurídica” a la participación de las Fuerzas Armadas en el combate al narcotráfico y a la inseguridad, es un “primer paso” para avanzar en materia de seguridad.
El CCE destacó que la participación de los militares “en tareas de seguridad ajenas a la defensa nacional no deben ser normalizadas, sino eficazmente reguladas”.
La iniciativa establece que la aplicación de la ley corresponderá a las fuerzas estatales y federales, y que solo “cuando la gravedad de la situación lo amerite y como último recurso del Estado, a las Fuerzas Armadas”. Su intervención estará sujeta a una temporalidad específica que no excederá de un año y únicamente podrá ser extendida por acuerdo presidencial.
En ese sentido, el coordinador del PRI en San Lázaro, César Camacho, aseguró que la reforma es constitucional y afirmó que las Fuerzas Armadas no regresarán a sus cuarteles mientras se necesite. “Los militares son pueblo uniformado, de modo que cuando se requiera, y las condiciones lo permitan, seguramente los militares no sólo regresarán a los cuarteles, sino seguirán sirviendo con la misma eficacia cuando se trata de desastres naturales o de auxilio a la población civil”.
Los empresarios también hicieron un exhorto al Senado para que apruebe sin dilación el proyecto legislativo en el actual periodo ordinario de sesiones. De hecho, la Cámara alta ya recibió la minuta y la turnó a las comisiones de Marina, Defensa Nacional, Gobernación y Estudios Legislativos.
El CCE destacó la necesidad de seguir fortaleciendo el Estado de derecho, ya que es “una condición indispensable para alcanzar el desarrollo” y un crecimiento económico sostenido y más acelerado.
Pero ayer también hubo voces adversas. Un grupo de manifestantes protestó frente a la sede del Senado contra el nuevo marco legal, al argumentar que fomentará la militarización en el país.
Por su parte, PRD, PAN, Morena y Movimiento Ciudadano advirtieron que la Ley de Seguridad Interior contraviene la Carta Magna sobre la labor de las Fuerzas Armadas en tiempos de paz, ante lo que buscarán presentar una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
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