La Procuraduría General de la República (PGR) informó al Congreso de la Unión que, en los avances en las indagatorias en contra del empresario Manuel Barreiro Castañeda, se han asegurado 398 cuentas, hay 15 personas imputadas y que se han realizado 83 entrevistas.
Aclara que “a la fecha sólo se ha ejercido acción penal en contra de una persona, Luis Alberto”, que en su carácter de imputado se verificó dentro de la causa penal 65/2018, por un juez de control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Querétaro, desde el 5 de abril de 2018.
En un informe entregado a la presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, se indica también que a 18 de 24 personas ya se les enviaron requerimientos de aseguramientos de otras cuentas, y que hay 91 oficios de petición girados a diferentes instancias.
El documento aclara que, debido a las estrictas condiciones de confidencialidad que la ley exige en la indagatoria, sólo se puede proporcionar una parte de la información estadística, en la que agrega que se han realizado 13 inspecciones ministeriales, 33 acuerdos también ministeriales, siete actas de inspección y 81 citatorios/notificaciones.
Además, indica que se han emitido también 14 constancias ministeriales, que hay ya seis testigos en la carpeta de investigación y un defensor.
Bajo estrictas condiciones de confidencialidad dictadas por la PGR, y después de que el PRI mantuvo resguardado el documento por varias horas –incluso a los propios senadores– ayer martes se subió el documento a la Gaceta Parlamentaria, en el que la dependencia explica, en respuesta a una petición que hicieron los legisladores, que “el estado de la investigación se encuentra en la Etapa de Investigación Inicial”.
El escrito aclara también que “de los diversos imputados, al día de la fecha, cuatro cuentan con una suspensión decretada por un juez de amparo, la que prohíbe, a esta Fiscalía de la Federación, ejercer acción penal en contra de ellos; esto es solicitar orden de aprehensión, orden de comparecencia, o bien citatorio para que se celebre, ante un juez de control, la audiencia inicial”.
Se argumenta que no se puede tener mayor acceso a la carpeta de investigación –que sólo lo pueden hacer las partes involucradas– porque “implicaría revelar la existencia de registros, actos y técnicas de investigación, así como la teoría del caso y, por tanto, la estrategia adoptada por la Fiscalía de la Federación, por lo que se estima que el hecho de realizar algún pronunciamiento al respecto, por regla general, implicaría quebrantar la reserva vida de las actuaciones de la investigación”.
Sin embargo, la autoridad justifica que se puede hacer pública esta información estadística, debido a que se hizo pública bajo la modalidad de la red de YouTube, la audiencia de Luis Alberto López López, chofer de Barreiro.
También se argumenta que “con apoyo en el Criterio Histórico 11/2009 emitido por el otrora Instituto Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Gubernamental, aplicable a la especie, mutatis mutandi, se estima que se puede dar la información a manera de estadística”.
El oficio que entregó la Procuraduría al Congreso –firmado por el director de Vinculación y Coordinación Interinstitucional de la PGR, José Enrique Prieto Vargas–, fue en respuesta a un exhorto aprobado por el pleno de la Comisión Permanente, el pasado 13 de junio, en el que solicitaron “un informe del estado que guardan los avances de las indagatorias en contra del empresario Manuel Barreiro Castañeda y el panista Ricardo Anaya, por el delito de “enriquecimiento ilícito, con operaciones inmobiliarias al margen de la ley”.
Fuente: AGENCIAS
