En los cuatro años de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador han desaparecido en México más de 38 mil personas, en promedio, 26 al día.
De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) de la Secretaría de Gobernación, las desapariciones diarias superan a las registradas durante los sexenios de Enrique Peña Nieto y de Felipe Calderón.
Juan Carlos Gutiérrez, director de la Organización I(dh)eas Litigio Estratégico en Derechos Humanos, asegura que en México “no hay una política de combate a las desapariciones porque la política de combate tiene que estar anclada a una política de seguridad y como no existe una política de seguridad pública ni en los Estados ni a nivel federal, las desapariciones siguen aumentando”.
“La política de abrazos, no balazos, vino a fregarnos la vida. En mi colectivo somos 169 familias, mientras que en 2017 éramos cinco. De ese tamaño es el problema. En Guerrero las desapariciones han aumentado, de los casos que yo me entero, te puedo decir que cuatro o cinco personas diarias, sólo en Iguala y lugares cercanos”, explica Sandra Luz Román Jaimes, del Colectivo Madres Igualtecas.
De acuerdo con el registro oficial, del primero de diciembre de 2018 al corte de las 13:40 horas de ayer, 30 de noviembre, han sido reportadas como desaparecidas o no localizadas 38 mil 186 personas. El peor año de la presente administración, según sus propias cifras, ha sido 2021, con 10 mil 404 reportes, de los cuales 28% corresponde a mujeres.
“La desaparición de mujeres, niñas y adolescentes no para, también tenemos el fenómeno de desaparición de migrantes y además, hemos detectado la desaparición de algunos jóvenes que participan en la venta de droga”, afirma Juan Carlos Gutiérrez.
Organizaciones y colectivos lamentan el desdén y el desinterés que el gobierno de López Obrador ha mostrado con el tema de las desapariciones, cuando en la campaña electoral del 2018, el entonces candidato de Morena se comprometió a que el tema sería una prioridad.
“No hay compromiso de Estado en la materia, los gobernadores no se han comprometido en fortalecer las comisiones locales de búsqueda, pero el gobierno federal tampoco los ha obligado. Es una administración que tiene más de 20 gobernadores del mismo partido y no han firmado un solo pacto en contra de las desapariciones o un pacto de inversión para atender el fenómeno. No hay compromiso”, considera Juan Carlos Gutiérrez, director de I(dh)eas.
“Ellos (funcionarios federales) dicen que estoy segura porque estoy en un refugio muy bonito, lo agradezco muchísimo, pero estoy sola. Lo único que tengo es un botón de pánico que no me salvará la vida si alguien me quiere matar. Recibo amenazas por llamadas, por mensajes, por Facebook. Me dicen que deje de buscar o me atenga a las consecuencias”, relata Ceci Patricia Flores Armenta, quien encabeza al colectivo de Madres Buscadoras de Sonora.
Dejar de buscar a los desaparecidos. Eso mismo le piden autoridades federales a cambio de la seguridad que ella necesita: “Me dicen: si quieres custodia permanente, tienes que dejar de buscar… ¡No!, le digo, yo prefiero seguir buscando así sin seguridad, no me importa”.
Asegura que ni el presidente López Obrador ni funcionarios federales han priorizado el tema y eso las vuelve aún más vulnerables: “Siguen desapareciendo y matando a la gente, no ha parado nada el gobierno. Es la verdad. Están al pendiente de muchos asuntos, pero no les importa el tema de la desaparición. De mi colectivo han muerto y han desaparecido madres en la búsqueda de sus hijos”.
Desde Guerrero, Sandra Luz Román, mamá de Ivette Melissa Flores Román, desaparecida en 2012, denuncia que las familias están en riesgo no solo en la búsqueda sino desde el momento de la desaparición, de ahí que su colectivo sume y sume casos no denunciados.
“Tengo 80 casos que no han sido registrados ni por el estado ni por la federación, por qué motivo, porque están amenazadas, porque si ponen una denuncia las van a matar. Ellas lo que esperan es que poco a poco me vayan recibiendo las denuncias en México, si tu pones una denuncia en Guerrero, los mismos ministerios públicos nos ponen con la maña (crimen organizado) y nos desaparecen”, detalla.
Critica que las autoridades federales intenten hacer “caravana con sombrero ajeno” con los hallazgos de sus colectivos: “Nosotros nos exponemos, nosotros buscamos y nosotros encontramos, para que vengan autoridades y nos saquen adjudicándose el trabajo. Si supieras cuántas correteadas nos han dado por el paraje Suriano (punto clave del caso Ayotzinapa), nosotros expusimos nuestras vidas desde 2019 y ahora en 2022, se lo quieren adjudicar”.
