El subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas Rodríguez, aseguró que la realización del Informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, es un asunto con motivaciones de índole político por parte de la llamada Cuarta Transformación (4T).
Explicó que la investigación es resultado de un proceso de análisis técnico y científico en el que participó un comité científico asesor y de un grupo interdisciplinario conformado por personas de distintas instituciones publicas “convencidas de que la ciencia y la tecnología deben estar al servicio de la verdad”.
Respecto a las afirmaciones que se han hecho de que el informe es una posición política del gobierno, comentó que “sí hay un contenido político, pues esclarecer un crimen y mas un ‘crimen de estado’, además de que es una responsabilidad del gobierno, es un asunto que hemos encarado con convicción y con voluntad política para ir al fondo de los hechos”
Así lo expresó este viernes durante la conferencia matutina de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), en donde se destinó un espacio exclusivamente para contestar a las críticas que ha generado la publicación del documento y las acciones del gobierno respecto a la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural en Guerrero.
Además, el subsecretario recalcó en una serie de razones presentadas en el más reciente informe, por qué es “falsa” la llamada “Verdad Histórica”.
Enunció que el reporte tiene fuentes de las secretarías de Gobernación, Defensa Nacional, Marina y Seguridad, además del Centro Nacional de Inteligencia, la Guardia Nacional, la Fiscalía de Guerrero y la Fiscalía General de la República.
Asimismo, se basa en informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, además de 115 testimonios.
El subsecretario rechazó que el informe sea igual a la “verdad histórica”, la versión del gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), que afirmaba que policías corruptos detuvieron a los estudiantes y los entregaron al cartel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en un basurero en el sureño estado de Guerrero.
“La verdad histórica se sustenta en que los estudiantes acudieron a Iguala a boicotear el informe de la presidenta del DIF (Sistema de Desarrollo Integral para la Familia) en ese municipio, lo cual es falso, porque la misión de los estudiantes, el objetivo, era tomar camiones”, aseveró.
Sobre el ataque contra los estudiantes, Encinas señaló que han descubierto que la orden la dio José Luis Abarca, entonces alcalde del municipio de Iguala, y el grupo criminal Guerreros Unidos en colusión con otras autoridades.
