Ciudad de México, México. El Senado de la República eligió a Ernestina Godoy como nueva Fiscal General de la República (FGR), en una votación que marcó el cierre del proceso iniciado tras la salida de Alejandro Gertz Manero, quien aceptó una embajada en un “país amigo”. El nombramiento fue aprobado con 97 votos a favor, 19 en contra y 11 nulos.
La bancada de Movimiento Ciudadano aportó seis votos en favor de Godoy, quien rindió protesta en medio de aplausos de Morena y sus aliados. Al asumir el cargo, la ex consejera jurídica se comprometió a no fabricar culpables, evitar persecuciones políticas y garantizar que tampoco haya impunidad. Afirmó que su gestión será de “puertas abiertas” y basada en la coordinación institucional.
Durante la sesión, las posturas de los grupos parlamentarios reflejaron el clima político del nombramiento. La senadora panista Lilly Téllez escribió “No a la mafiocracia” en su boleta; el coordinador del PAN, Ricardo Anaya, emitió voto nulo; y los 13 senadores del PRI marcaron en contra. Desde Morena, Ignacio Mier subrayó que la Fiscalía no puede convertirse en una figura decorativa.
En su discurso, casi al borde del llanto, Godoy sostuvo que su elección “no es un premio, es un mandato” para construir una Fiscalía a la altura de los tiempos actuales, con las víctimas en el centro, profesionalismo y probidad. Prometió fortalecer protocolos de atención y garantizar cero tolerancia a la tortura y los tratos crueles.
También enfatizó que la coordinación con el Gobierno federal no implica subordinación y llamó a desarrollar un plan estratégico de procuración de justicia que fortalezca inteligencia, investigación y judicialización.
Reconoció que el país enfrenta una deuda histórica frente a delitos complejos como trata de personas, lavado de dinero, ciberdelincuencia, corrupción, tráfico de armas y fentanilo; fenómenos que requieren colaboración estrecha con autoridades locales, organismos de derechos humanos y fiscalías estatales.
Finalmente, Godoy prometió una Fiscalía humanista, con mecanismos alternativos de solución de controversias que no signifiquen impunidad, y con espacios reales de apoyo para las víctimas durante todas las etapas del proceso.
