Ante el inminente inicio de la segunda etapa del proceso electoral de 2024, que abarcará la renovación de la Presidencia, el Congreso de la Unión y nueve gubernaturas, expertos en materia electoral han manifestado su preocupación por la posible injerencia del presidente Andrés Manuel López Obrador. Coinciden en que su participación, ya evidenciada en el pasado, podría representar un riesgo significativo para la integridad de la contienda.
Leonardo Valdés, exconsejero presidente del entonces IFE, expresó su inquietud ante la violación de la ley por parte de actores gubernamentales. Destacó que, si bien no es inusual que los partidos políticos transgredan normativas, resulta sorprendente que los gobiernos no cumplan con la legalidad, dado que se espera que permanezcan al margen de la competencia electoral.
Javier Reyes, especialista en derecho electoral de la UNAM, advirtió sobre el riesgo de que un “agente externo” como el presidente se convierta en el protagonista de la contienda, desplazando el enfoque de las campañas. Subrayó que las violaciones a la ley, especialmente a medida que se acerca la jornada electoral, podrían agravarse y tener consecuencias determinantes para la acreditación de irregularidades y la posible nulidad del proceso.
Valdés Zurita señaló que, aunque la posibilidad de la nulidad siempre está presente, el Tribunal Electoral debe realizar un análisis integral antes de tomar una decisión. Destacó la importancia de considerar todos los factores que inciden en el proceso electoral y evitar conclusiones precipitadas. Javier Martín Reyes añadió que la prioridad debe ser garantizar que la elección se lleve a cabo con legitimidad, evitando cuestionamientos de actores externos.
El exconsejero electoral resaltó que, aunque la autoridad electoral no puede investigar a los funcionarios públicos por iniciativa propia, la Comisión de Quejas del Instituto Nacional Electoral ha retomado un curso adecuado. Reconoció la importancia de sancionar aquellas acciones que lo requieran y asegurar la imparcialidad del proceso, destacando la posición coherente de la consejera Claudia Zavala en este sentido.
