El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), acusó a tres entidades mexicanas —Vector Casa de Bolsa, propiedad de Alfonso Romo, e Intercam y CIBanco— de facilitar el lavado de dinero en beneficio de cárteles de la droga, especialmente relacionados con el tráfico de fentanilo. FinCEN detalló que Vector habría lavado alrededor de 2 millones de dólares de Estados Unidos a México entre 2013 y 2021, además de procesar más de un millón de dólares para insumos provenientes de China utilizados en la producción de fentanilo.
El organismo estadounidense también señaló que Vector facilitó sobornos por más de 40 millones de dólares al exsecretario de Seguridad Genaro García Luna, utilizando recursos del Cártel de Sinaloa. En el caso de CIBanco, se reportó que en 2023 un empleado creó deliberadamente una cuenta para lavar 10 millones de dólares a favor del Cártel del Golfo, mientras que Intercam sostuvo reuniones con miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para estructurar esquemas de lavado con fondos enviados desde China.
Como medida preventiva, Estados Unidos prohibió ciertas transferencias de fondos con estas instituciones, aunque no impuso sanciones económicas directas bajo la OFAC. Según Scott Bessent, subsecretario del Tesoro, estas acciones forman parte de un esfuerzo mayor para bloquear la cadena financiera del fentanilo y otros opioides sintéticos.
Las tres instituciones han negado cualquier relación con actividades ilícitas. Vector indicó que las autoridades mexicanas detectaron únicamente observaciones administrativas previas que fueron atendidas; Intercam también negó vínculos con el crimen organizado. Por su parte, la Secretaría de Hacienda declaró que no recibió datos contundentes por parte de Washington y que las acusaciones se encuentran en fase probatoria.
Especialistas advierten que el bloqueo de operaciones con Estados Unidos representa un “golpe mortal” para estas instituciones, dado que gran parte del sistema financiero mexicano depende de transacciones que involucran a bancos estadounidenses . Este episodio ha reavivado críticas sobre la eficacia de controles y supervisión interna, y ha impulsado el impulso de reformas en la Ley Antilavado por parte del Senado mexicano.
