La presidenta Claudia Sheinbaum declaró el 4 de julio de 2025 que si Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín “El Chapo”, elige inculpar a alguna persona en México ante autoridades estadounidenses, Estados Unidos deberá presentar pruebas ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que proceda cualquier acción. Enfatizó que ese requisito deriva de tratados internacionales establecidos para delitos transnacionales.
Sheinbaum enfatizó que, aunque México no conoce los términos específicos del acuerdo alcanzado con Ovidio Guzmán ni el contenido del documento que firmó, existen compromisos legales que obligan a Estados Unidos a mantener informada a México sobre el proceso, ya que la detención y extradición del acusado ocurrieron con participación del Estado mexicano.
El hijo de “El Chapo” Guzmán aceptó declararse culpable ante la justicia estadounidense y concentrar su juicio en el Distrito Norte de Illinois, con el fin de resolver en una sola instancia el proceso que también se seguía en Nueva York. Ese movimiento fue formalizado mediante la Regla 20 del Código Federal de Procedimientos Penales de Estados Unidos.
La mandataria cuestionó además la decisión de las autoridades estadounidenses de negociar con Ovidio Guzmán, dado que previamente habían catalogado al Cártel de Sinaloa como organización terrorista. Por ello preguntó cómo se justifica esa negociación frente a su postura oficial.
Sheinbaum también relacionó la escalada de violencia en Sinaloa con el modo en que se llevó a cabo la detención y el proceso legal de Ovidio Guzmán. Aseguró que el procedimiento fue coordinado con México, pero criticó lo que consideró una injerencia que debía manejarse con mayor autonomía y sin afectar la acción del Estado contra la delincuencia organizada.
La presidenta descartó que haya planes para aumentar el despliegue de fuerzas federales en Sinaloa como resultado de este caso. Recordó que el enfoque principal del gobierno es la cooperación institucional y el combate diario a las bandas criminales, y reiteró que las acusaciones deberán ser respaldadas por evidencia presentada formalmente por Estados Unidos.
