El Departamento del Tesoro de Estados Unidos otorgó una moratoria de 45 días antes de implementar la prohibición de transferencias de fondos hacia y desde CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, extendiendo el plazo hasta el 4 de septiembre. La decisión se enmarca en avances reportados por México en la lucha contra el lavado de dinero vinculado al narcotráfico.
Estos tres intermediarios habían sido señalados por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) como “preocupación prioritaria”, bajo la Ley Fentanyl y FEND Off Fentanyl, por presuntas operaciones relacionadas con cárteles mexicanos. La moratoria permite mantener operativas las cuentas y fideicomisos mientras se analiza la documentación y se valora la respuesta oficial de México.
En reacción, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, junto con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), intervino temporalmente los fideicomisos de CIBanco e Intercam, trasladándolos a la banca de desarrollo, como parte de una estrategia para proteger inversores y clientes. Mientras tanto, firmas como Visa, Citigroup y Bank of New York Mellon suspendieron o limitaron transacciones internacionales asociadas con los bancos afectados.
La calificadora Fitch determinó que, aunque CIBanco e Intercam representan apenas alrededor del 1.5% de los activos totales del sistema —y Vector cerca del 2% de transacciones custodiadas—, la acción de FinCEN constituye un “evento de estrés significativo” que eleva la presión sobre todo el sistema financiero mexicano.
Hasta la fecha, los tres intermediarios niegan los señalamientos y el gobierno mexicano exige a Estados Unidos presentar pruebas sólidas para sustentar sus acusaciones. Las autoridades mexicanas aseguran que la medida no implica suspensión de operaciones locales, y que empresas nacionales continúan con negocios ordinarios con estas entidades.
En virtud de este “indulto temporal”, México gana tiempo para fortalecer controles antilavado y ajustar procedimientos, mientras queda a la espera de la evidencia que justifique la prohibición definitiva. El impacto real sobre las instituciones, sus clientes y el sistema financiero se evaluará una vez concluido el plazo de 45 días y terminada la coordinación entre ambos países.
