Washington, Estados Unidos.- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó como terrorista a la facción del Cártel de Sinaloa conocida como “La Mayiza”, señalando a siete individuos y quince empresas con sede en Playas de Rosarito, Baja California, entre ellos la ex Alcaldesa Hilda Araceli Brown Figueredo, hoy diputada federal por Morena.
Las sanciones, comparadas por las autoridades con un “imperio criminal” al estilo de la serie televisiva Boardwalk Empire, congelan las cuentas bancarias y prohíben a ciudadanos estadounidenses entablar negocios con los involucrados.
De acuerdo con el comunicado oficial, Brown mantuvo una estrecha relación personal con Candelario Arcega Aguirre y Jesús González Lomelí, operadores de “La Mayiza” en la región. El Tesoro aseguró que, durante su gestión como alcaldesa de Rosarito, ambos lograron controlar áreas clave del Gobierno municipal, colocar aliados en puestos de alto nivel y servir de enlace con los hermanos Alfonso y René Arzate García, considerados líderes de esta facción criminal y ya sancionados previamente.
El documento detalla que González Lomelí, identificado como un influyente empresario de Rosarito, manejaba diversos bares y restaurantes utilizados para lavar dinero del narcotráfico, entre ellos el Bombay Beach Club, el Coco Beach Club y Mariscos El Caimán. Dichos negocios habrían facilitado la operación financiera de la organización para traficar drogas hacia Estados Unidos.
El Tesoro sostuvo que, trabajando en conjunto, Brown, Arcega y González recaudaban pagos de extorsión, coordinaban operaciones criminales y garantizaban protección institucional a las actividades de los Arzate a través del Departamento de Seguridad Pública municipal. Además, señaló que René Arzate mantiene actualmente control de la zona mediante socios como Mario Alberto Herrera Sánchez y Karlo Omar Herrera Sánchez.
“La Mayiza” es considerada una de las ramas más leales a Ismael “El Mayo” Zambada, hoy preso en Estados Unidos, y mantiene influencia en amplias zonas del norte de Baja California. Apenas el pasado 16 de septiembre, el Tesoro estadounidense ofreció una recompensa de cinco millones de dólares por Juan José Ponce Félix, alias “El Ruso”, identificado como principal operador armado de la facción.
Con estas sanciones, Estados Unidos busca cortar las rutas financieras del grupo criminal y limitar la capacidad de operación de sus líderes y socios empresariales en Baja California.
