El Gobierno de Samuel García en Nuevo León ha sido exhibido nuevamente por recurrir a un esquema de triangulación de recursos públicos hacia el despacho de abogados en el que son socios el mandatario estatal y su padre.
De acuerdo con una investigación publicada por el portal Latinus, el DIF estatal, presidido de manera honorífica por Mariana Rodríguez, esposa del gobernador, pagó 820 millones de pesos a la empresa Comercializadora Don Cacahuato, la cual es hermana de Distribuidora Damago. Esta última compañía, a su vez, pagó 4.6 millones de pesos al despacho Firma Jurídica y Fiscal Abogados, encabezado por García y su padre, Samuel Orlando García Mascorro.
Los 820 millones de pesos fueron autorizados por Miguel Ángel Sánchez, quien fungía como director del DIF al inicio de la actual administración, pero que dejó el cargo en medio de un escándalo por la muerte sospechosa de un niño bajo resguardo de la institución. Cabe señalar que Sánchez trabajó previamente en la Firma Jurídica y Fiscal Abogados durante 2015 y 2016.
Además, se reveló que tanto la empresa que recibió el dinero del Gobierno como la que pagó al despacho del gobernador son filiales de Grupo Cimarrón, con el que comparten socios.
Esto se suma a otro escándalo revelado en marzo por el diario Reforma, en el que se informó que el Gobierno de García pagó casi mil millones de pesos a la empresa Suministro MYR, y que una filial de esta compañía pagó 202 millones de pesos a la Firma Jurídica y Fiscal Abogados durante el actual sexenio.
