Expertos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (GIEI) han hecho públicas sus conclusiones sobre el caso Ayotzinapa, revelando que órdenes de captura contra servidores públicos en funciones han sido frenadas y evidenciando posibles relaciones de autoridades con el crimen organizado.
En el informe final presentado, la experta Ángela Buitrago destacó que el GIEI no ha emitido valoraciones políticas sobre los informes previos, sino que advirtió la intervención política del estado que ha impedido la ejecución de órdenes de captura contra personas involucradas en los hechos. Buitrago mencionó el caso de una persona relacionada con los servicios de inteligencia que continúa en funciones, a pesar de tener una orden de captura.
El GIEI señaló que han obtenido datos a partir de archivos técnicos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y enfatizó que las órdenes de captura deben ejecutarse para permitir el acceso a la información y esclarecer el caso.
Carlos Beristain, otro de los expertos, mencionó que es relevante el reconocimiento del Estado mexicano respecto al caso Ayotzinapa, pero instó a dar a conocer “información muy significativa” que aún permanece oculta para esclarecer los hechos. Destacó que la apertura y revelación de esta información dará legitimidad a las instituciones públicas y generará confianza en la población hacia las autoridades.
El GIEI también hizo hincapié en la importancia de analizar más de 500 llamadas telefónicas ocurridas durante las horas críticas del 26 y 27 de septiembre, que involucran a elementos de la policía, pero que aún no han sido analizadas por las autoridades. Estas llamadas podrían proporcionar valiosa información para la investigación.
Los expertos del GIEI subrayaron que el caso Ayotzinapa es una muestra de violaciones de derechos humanos en toda la región y que seguir las pistas técnicas y revelar la verdad sobre lo sucedido es esencial para sancionar a los responsables.
Ahora, tras la salida del GIEI, serán los padres de los estudiantes y otras instituciones quienes determinen los siguientes pasos a seguir con la información proporcionada en los seis informes.
