Expertos advierten sobre la debilidad del sistema judicial en México

El reciente dictamen de la reforma judicial propuesto por el partido Morena ha generado un intenso debate entre académicos y expertos en derecho. Francisco Burgoa, académico de la Facultad de Derecho de la UNAM, sostiene que la iniciativa busca debilitar el Poder Judicial en lugar de fortalecerlo. Según Burgoa, el proyecto no ofrece beneficios claros y parece estar motivado por venganza hacia ciertos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El académico recordó que en 2021 se intentó ampliar el mandato del entonces ministro presidente y de los consejeros de la judicatura, una medida que fue declarada inválida por la Corte. “Si no quieren que pensemos mal, ¿por qué proponen ampliar el mandato de los actuales magistrados del TEPJF y no respetan el periodo de los ministros de la SCJN?”, cuestionó Burgoa.

Juan Jesús Garza Onofre, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, también expresó su preocupación. A pesar de que se anticipaba un dictamen de este tipo, Garza Onofre subrayó la “irresponsabilidad” de los representantes populares al no reflejar en el proyecto el debate previo. “El dictamen es un cúmulo de remedos que poco tienen que ver con lo discutido en meses pasados. La tónica sigue siendo la incertidumbre”, agregó.

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Desde el extranjero, Tony Payan, director del Instituto Baker de la Universidad de Rice, advirtió que estos cambios podrían tener repercusiones negativas en la inversión internacional. “Los inversionistas muestran un interés cauteloso por México, pero la incertidumbre creada por esta reforma podría llevar a un escepticismo mayor”, afirmó.

Uno de los puntos más controvertidos del dictamen es la propuesta de elegir a los integrantes del Poder Judicial por medio de votación popular. Para ello, Morena sugiere la creación de tres comités de evaluación en cada poder, que determinarían la idoneidad de los aspirantes. En caso de listas extensas, se contempla la posibilidad de realizar tómbolas o “insaculaciones públicas” para ajustarlas.

Con el avance de esta reforma, el futuro del sistema judicial en México se presenta incierto, generando inquietud tanto a nivel nacional como internacional.

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