A pesar de que la austeridad fue uno de los principales argumentos para la extinción de siete organismos autónomos en México, la reforma constitucional consumada no contempla el impacto presupuestal y administrativo de transferir sus facultades a la Administración Pública Federal (APF). Esta situación ha generado preocupaciones entre académicos y expertos en la materia.
Según lo establecido en la reforma y lo informado por la presidenta Claudia Sheinbaum, las atribuciones que aún ejercen los institutos en proceso de desaparición serán asumidas por cinco secretarías de Estado: Economía, Infraestructura, Energía, Educación y Anticorrupción. Además, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) asumirá las funciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en lo que respecta a la medición de la pobreza y otras áreas.
Un grupo de académicos de la UNAM ha señalado que la iniciativa no solo implica la transferencia de facultades, sino que también requiere la creación de nuevas estructuras dentro de las secretarías existentes, lo que aumentaría la injerencia del Ejecutivo federal. En su documento titulado “Extinción de órganos constitucionales autónomos (reforma administrativa)”, publicado en la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas, advierten que la reforma carece de un análisis detallado sobre las implicaciones presupuestales, funcionales y jurídicas que conlleva.
El Presupuesto de Egresos de la Federación 2025 no asigna recursos extraordinarios para las dependencias que asumirán las funciones de los siete órganos autónomos. Esto sugiere que, al concretarse la transferencia, es probable que se permita a las entidades receptoras disponer de los activos y recursos presupuestales que cada instituto tenga disponibles. En total, los institutos autónomos contarán con 2,260 millones de pesos para el próximo ejercicio fiscal, una cifra que representa un 51% menos en comparación con 2024. Con estos recursos, deberán cumplir con sus compromisos ya adquiridos y liquidar a la mayor parte de su personal.
La presidenta Sheinbaum también ha mencionado que, además de la austeridad, otra razón para la eliminación de estos órganos es que no han cumplido con las tareas para las que fueron creados, realizando funciones que corresponden al Poder Ejecutivo. En el caso del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), se creará un organismo descentralizado bajo la Secretaría de Economía, cuyo objetivo será evitar la concentración de servicios y producción de bienes, funciones que, según Sheinbaum, no han sido adecuadamente desempeñadas por los organismos autónomos existentes.
