El Tren Maya sufrió un nuevo percance esta semana, conocido como un “percance de vía” ocurrido en la estación Izamal, Yucatán, donde uno de los bogies de un vagón se salió de la vía sin que se registraran lesionados graves. A pesar de la magnitud del incidente, especialistas han señalado que la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario presenta vacíos legales importantes que impiden imponer sanciones a los entes públicos que operan el tren, como sucede para las empresas concesionarias privadas.
La ley actual no contempla mecanismos claros para responsabilizar o sancionar a los operadores públicos, en este caso el organismo estatal Olmeca-Maya-Mexica, que administra el Tren Maya. Esto significa que, aunque ocurran fallas o incidentes, no existen consecuencias legales o económicas directas para el ente público responsable, lo que podría afectar la implementación de medidas preventivas y correctivas.
Tras el incidente en Izamal, se activaron los protocolos de seguridad, se aplicó el freno de emergencia, y se evacuó a los pasajeros de manera efectiva, con el apoyo de la Guardia Nacional y personal capacitado. Asimismo, la Fiscalía General de la República inició una investigación para esclarecer las causas del percance.
Sin embargo, el director general del Tren Maya ha reconocido que los cambios de vía para estos trenes se realizan de forma manual, sin contar aún con un sistema automatizado que garantice mayor seguridad en estas maniobras.
La ausencia de sanciones legales derivadas de deficiencias normativas para entes públicos operando infraestructuras ferroviarias como el Tren Maya genera preocupación sobre la viabilidad de un control efectivo ante futuros incidentes, destacando la necesidad urgente de actualizar y fortalecer el marco legal para garantizar la seguridad y responsabilidad en la operación del proyecto.
