JCCN / Revista Punto de Vista / 19 de noviembre 2025
En los últimos años, el aumento de denuncias contra docentes en San Luis Potosí y en el país plantea un desafío que ya no puede pasarse por alto. El propio titular de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, Juan Carlos Torres Cedillo, advirtió que muchas de estas acusaciones resultan ser falsas o producto de conflictos personales que nada tienen que ver con un agravio real. El señalamiento no es menor: cuando se acusa sin sustento, se vulnera no solo la estabilidad profesional del docente, sino también la integridad personal de quienes forman parte esencial del sistema educativo.
La discusión no debe centrarse en si se protege a los alumnos o a los maestros; se trata de proteger a ambos. El bienestar del estudiantado es, sin duda, irrenunciable. Pero también lo es el derecho de los docentes a no quedar a merced de interpretaciones subjetivas, impulsos del momento o incluso venganzas personales disfrazadas de denuncias. En un ambiente donde el prestigio se destruye en minutos y la reputación se difunde en redes antes de investigarse, un señalamiento erróneo puede marcar para siempre la carrera de un maestro.
Torres Cedillo lo expresa con claridad: se necesita un marco legal que equilibre la balanza, que permita a los docentes desempeñarse profesionalmente sin miedo, y que garantice que cada acusación sea investigada con rigurosidad, sin juicios mediáticos ni presiones externas. La idea no es limitar derechos, sino evitar abusos. Que la ley no se convierta en un arma para dirimir conflictos personales ni en un incentivo para manipular procesos, sino en un mecanismo justo y transparente.
Desde la perspectiva ciudadana, el debate debe avanzar hacia la responsabilidad compartida. La escuela es un espacio donde convergen familias, alumnos y docentes, y esa convivencia implica tensiones inevitables. Pero una sociedad madura no resuelve esas diferencias a través de denuncias automáticas; lo hace mediante diálogo, procesos claros y autoridades capaces de escuchar a todas las partes.
Es momento de reconocer que cuidar la integridad del magisterio no es lo opuesto a proteger a los alumnos. La seguridad y el bienestar de uno dependen en gran medida de la estabilidad y confianza del otro. Si queremos un sistema educativo fuerte, debemos construir un modelo que apueste por la verdad, que investigue sin prejuicios y que sancione cuando exista responsabilidad, pero también que absuelva sin titubeos cuando un maestro sea víctima de un señalamiento injusto.
El equilibrio no solo es deseable: es urgente. Y es tarea de todos exigirlo.
