Cinco meses después de la tragedia que se cobró la vida de 40 migrantes en el incendio de la estación migratoria en Ciudad Juárez, los familiares de las víctimas continúan en la incertidumbre, sin conocer cuándo el gobierno de México cumplirá su promesa de indemnización.
“Nos dijeron que evaluarían la reparación del daño y que debíamos esperar, pero no nos han dado ninguna información adicional”, declaró Marco Antonio, tío de Francisco, una de las víctimas del fatídico incendio, en una entrevista con El Sol de México.
El 13 de agosto del año pasado, el Instituto Nacional de Migración anunció su compromiso de pagar 140 millones de pesos a las 40 familias de los migrantes fallecidos, además de continuar brindando apoyo a las 27 personas que resultaron heridas en el siniestro.
Organizaciones de apoyo a migrantes, como la Asociación de Migrantes Desaparecidos de Guatemala (AFAMIDEG), subrayan que la reparación integral del daño no debe limitarse únicamente a la entrega de recursos económicos. Debe incluir medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición tanto a nivel individual como colectivo.
Bertha Alcántara, miembro de AFAMIDEG, señaló que “la reparación debe tener en cuenta la gravedad y magnitud del incidente para garantizar la protección de los derechos de las personas, especialmente en lo que respecta a asistencia, protección, atención, verdad, justicia y reparación integral. Las víctimas sobrevivientes del incendio enfrentan secuelas de por vida, incluso a nivel neurológico, aspecto que la reparación del daño debe abordar”.
Marco Antonio expresó la preocupación de su familia por recibir recursos económicos, ya que la mayoría de los habitantes de Nahualá, una comunidad situada a 157 kilómetros de Ciudad de Guatemala, viven en la pobreza y temen a la delincuencia. “Imagínese, solo eso nos falta, vivir con miedo, además del dolor que ya llevamos. El dinero que supuestamente nos darán es lo que menos nos preocupa”.
Según el Instituto Nacional de Estadística de Guatemala, el 90 por ciento de la población de Nahualá vive en condiciones de pobreza.
Hoy se cumplen cinco meses desde el devastador incendio, una fecha que Marco Antonio nunca olvidará. Aquella noche, recibió una llamada de su hermana. “Mi hijo estaba allí, mi hijo estaba allí”, escuchó. Toño, como lo conocen sus familiares, no entendía de qué hablaba hasta que comenzaron a llegar las primeras noticias sobre un incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, el mismo lugar desde donde su sobrino se había comunicado apenas dos días antes para decir que “era muy difícil cruzar a Estados Unidos y que lo más probable es que lo deportaran a Guatemala”.
Esa fue la última vez que tuvieron noticias de Francisco, quien, junto con otros 39 migrantes, murió asfixiado en el centro de detención que el Instituto Nacional de Migración había operado desde 1995 en la ciudad fronteriza con Estados Unidos.
Tres días después de la tragedia, las autoridades de México y la embajada de México contactaron a la familia para que viajara desde Nahualá y realizaran las pruebas necesarias que confirmaron la trágica noticia: Francisco había perdido la vida en el incendio.
