Ciudad de México, México. — La Fiscalía General de la República (FGR) investiga a los exmarinos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna por presunta defraudación fiscal a través de Grupo Potesta, empresa que habría ocultado ingresos reales y mantenido operaciones con firmas señaladas por contrabando de combustible.
De acuerdo con la FGR, Grupo Potesta declaró ingresos menores a los realmente obtenidos y presentó deducciones superiores a lo que reportó al fisco en los ejercicios de 2021 a 2023. El caso involucra al Vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y a su hermano, el Contralmirante Fernando, además de Jorge Bechara Estefan López, accionista de la compañía e hijo del ex priista Jorge Estefan Chidiac.
La indagatoria señala que la empresa recibió Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) de ingresos por más de mil 700 millones de pesos de proveedores investigados por contrabando de combustible. También destaca una operación de 220 millones de pesos con Vector Casa de Bolsa, propiedad del empresario Alfonso Romo, que la Fiscalía presume podría haber servido para mover recursos hacia otras entidades o países.
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó a la FGR que Grupo Potesta declaró ingresos acumulables por 87 millones de pesos en 2023, pese a reportar gastos por honorarios y solo ocho empleados en nómina. La autoridad presume que la empresa omitió ingresos desde 2021, lo que constituye una probable defraudación fiscal.
Además, se detectaron operaciones por más de 10 millones de pesos y cancelaciones por 7 millones con compañías bajo investigación. Entre ellas están Distribuidora Industrial Fronteriza, Karina Melissa Guerrero Rodríguez y Maquinaria Pesada para la Construcción I.P.R S.A. de C.V., todas señaladas como factureras.
Otro punto de la investigación apunta a operaciones de más de 156 millones de pesos con Altos Energéticos Mexicanos S.A. de C.V., empresa mencionada en reportes periodísticos como parte de una red dedicada a robar miles de barriles de hidrocarburos a Pemex mediante esquemas fraudulentos.
La FGR sostiene que estas inconsistencias refuerzan la hipótesis de una red de defraudación fiscal y lavado de dinero vinculada al contrabando de combustible, lo que mantiene bajo la lupa tanto a la empresa como a sus accionistas y socios estratégicos.
