FGR deja pendientes irregularidades en sexenio de EPN por 112 mil mdp

A más de tres años de que concluyó su sexenio, el expresidente Enrique Peña Nieto se convirtió este jueves 7 de julio en el primer exmandatario en ser acusado por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita que ascenderían a 26 millones de pesos. Pero al mismo tiempo, se trata de la primera y única carpeta de investigación abierta por la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de Peña, pues no existe otra indagatoria sobre alguna irregularidad ocurrida durante su gobierno. Este expediente, además, alude a un delito posiblemente cometido cuando Peña ha había dejado el cargo.

Ni La Estafa Maestra ni los casos Odebrecht o Agronitrogenados han alcanzado a Peña Nieto. Tampoco los 112 mil millones de pesos que, según la Auditoría Superior de la Federación (ASF), fueron gastados de manera irregular en su mandato y que hasta el momento siguen ‘perdidos’. Estos recursos presuntamente se desviaron en gasto sin comprobar en qué, en compras a sobreprecio o en pagos irregulares.

No hay, además, imputaciones directas contra algún miembro de su gabinete, como Luis Videgaray, extitular de Hacienda, la dependencia encargada de administrar los recursos públicos.

Los 112 mil millones de pesos equivalen a todo el presupuesto de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de Desarrollo Agrario, la Secretaría de Economía y la Secretaría de la Función Pública para 2022.

En resumen, nada se ha podido probar sobre corrupción del expresidente, salvo posiblemente estos 26 millones de pesos, anunciados este jueves y que habrían sido transferidos cuando Peña ya no era presidente.

Autoridades ministeriales confirmaron que la FGR no ha recibido ninguna denuncia por hechos de corrupción en contra del expresidente Peña.

La única carpeta de investigación por posible corrupción y lavado de dinero que incluye al exmandatario fue abierta solo por los dichos de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, sobre supuestos sobornos con dinero de Odebrecht para que la reforma energética fuera aprobada. Sin embargo, “no se ha reunido la información suficiente para proceder en contra de Peña Nieto”.

Por ese caso, el exsenador panista Jorge Luis Lavalle es el único político que enfrenta un proceso judicial como presunto responsable de haber entregado sobornos a legisladores, a cambio de aprobar la reforma energética en 2013, y está en prisión preventiva desde abril de 2021.

Solo en dos casos de corrupción como La Estafa Maestra y Operación Safiro fueron desviados más de 6 mil millones de recursos públicos durante el sexenio pasado, sin que hasta el momento las autoridades judiciales hubieran avanzado en las investigaciones para hallar a los responsables y beneficiarios de los fraudes.

Este jueves, Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó la detección de un esquema por el que el exmandatario presuntamente se benefició de más de 26 millones de pesos vía transferencias internacionales.

Dichos recursos fueron transferidos por un familiar a Peña Nieto en tres movimientos financieros desde México y hacia España. El primero en agosto de 2019, por 16 millones; el segundo en octubre de 2021, por 5 millones, y el último también en octubre de 2021, por 5 millones. Según Gómez, ese familiar también realizó operaciones con un hermano del expresidente a quien le giró cheques por 29 millones de pesos.

Al tratarse de operaciones de las que se desconoce la fuente de procedencia, la UIF interpuso una denuncia ante la FGR, y la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, a través de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Falsificación o Alteración de Moneda, fue la instancia que inició la carpeta de investigación.

Santiago Nieto, anterior titular de la UIF, aseguró en su cuenta de Twitter que la información sobre posibles irregularidades del expresidente “fue reportada previamente a diversas autoridades competentes”.

Sin embargo, las indagatorias solo se concentraron en las transferencias a partir de 2019, pero Pablo Gómez no informó que hubiese alguna pesquisa respecto de los años previos, cuando Peña Nieto era presidente y ocurrieron diversos casos de corrupción.

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