La Fiscalía General de la República (FGR) investiga a Vector Casa de Bolsa, propiedad de Alfonso Romo, exjefe de la Oficina de la Presidencia durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, por presunto lavado de dinero en operaciones vinculadas con una red de contrabando de combustibles.
De acuerdo con la causa penal 325/2025, la comercializadora Grupo Potesta habría realizado transacciones financieras por alrededor de 220 millones de pesos a través de Vector, sin que se registrara la fecha de dichas operaciones. Según la FGR, los recursos pudieron ser enviados a otras entidades o países con el fin de ocultar su origen ilícito.
“Grupo Potesta celebró operaciones con diversos proveedores entre los que destacan los 220 millones de pesos que tuvo con la institución financiera Vector, Casa de Bolsa. Por medio de esta institución financiera podría estar enviando recursos hacia otras entidades o países con la finalidad de pretender ocultar recursos financieros”, cita el expediente.
Los señalamientos forman parte de las pruebas presentadas para solicitar órdenes de aprehensión contra los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, marinos acusados de facilitar el ingreso de al menos 14 buques con combustibles de contrabando.
Además de Potesta, la investigación también incluye a Grupo Base Energéticos, que según el Servicio de Administración Tributaria (SAT), tuvo vínculos comerciales con Vector.
Vector aparece en la lista de 36 empresas financieras, importadoras y comercializadoras señaladas por su presunta relación con una red de “huachicol fiscal”. En junio pasado, la casa de bolsa y dos bancos mexicanos fueron sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que los acusó de facilitar operaciones de lavado para los cárteles de Sinaloa, del Golfo y Jalisco Nueva Generación. Desde entonces, estas instituciones tienen prohibido realizar transacciones en el sistema financiero estadounidense.
La FGR ubica a Grupo Potesta como una de las principales empresas implicadas en delitos como lavado de dinero, contrabando de hidrocarburos, operaciones con recursos de procedencia ilícita y corrupción en aduanas. En las indagatorias también aparecen vínculos con Impulsora de Productos Sustentables, cuyo apoderado legal fue accionista de Agrícola Boreal, empresa sancionada por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC).
Entre los accionistas relacionados en la trama figuran Jeniffer Beaney Camacho Cázares, Diana María Sánchez Carlón y Silvia Romina Sánchez Carlón, señaladas por su cercanía con Abigael González Valencia, líder del grupo criminal Los Cuinis y aliado del Cártel Jalisco Nueva Generación.
Grupo Potesta, cuyos socios son José Pedro Sánchez Campos, Jorge Becahra Estefan López y Mario Behar Vantorla, tiene oficinas en Puebla, Ciudad de México y Tamaulipas. La FGR encontró inconsistencias en sus registros fiscales: reportó ingresos por 87 millones de pesos en 2023, aunque presentó facturas electrónicas por más de mil 700 millones de pesos de proveedores relacionados con el huachicol, pese a contar con solo ocho empleados.
Además de Potesta, la investigación también señala a Altos Energéticos Mexicanos, Transportadora del Pacífico y del Golfo de México, Grupo Base Energéticos y Era Tech Combustibles —esta última vinculada con el Cártel de Sinaloa— como parte de la red de empresas relacionadas con el huachicol fiscal.
