La Fiscalía General de la República (FGR) rechazó la tarde de este sábado que exista una “persecución política” en contra de Ildefonso Guajardo, ex secretario de Economía durante el sexenio del ex presidente priista Enrique Peña Nieto, luego de que se le vinculó a proceso este 9 de julio por presunto enriquecimiento ilícito.
A través de un comunicado, la FGR señaló que al hoy diputado federal electo del PRI lo denunció la Secretaría de la Función Pública (SFP) el 12 de octubre de 2020, misma que fue integrada por la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción (FEMCC).
Además, se señaló que tanto Guajardo como su defensa tuvieron acceso a la indagatoria desde el 8 de marzo pasado, pero a la fecha no han presentado pruebas.
“El señor Ildefonso “G”, y su abogado han llevado a todos los medios, desde este fin de semana, sus criterios y justificaciones sobre el asunto penal que ambos enfrentan […] Bajo esa premisa, la FGR responde que son absolutamente falsas las afirmaciones del señor Ildefonso “G”, y de su abogado, en el sentido de que el caso “huele a persecución política”, y de que no se les ha dado acceso a las pruebas”
Se puntualizó que la acusación principal contra Guajardo Villarreal, refiere a una cuenta en el extranjero, con un saldo de 8,169,639 pesos. Según la FGR, el acusado asegura que dicha cantidad proviene de la renuncia de derechos hereditarios que hizo en 2014, de la mitad de un inmueble que fue legado a él y a su hermana.
Sin embargo, el ex funcionario entregó “la escritura sobre ese tema en la que su mitad no corresponde, de ninguna manera, con la cantidad que dice haber depositado por ese origen”.
De acuerdo a la FGR, hasta el momento no ha demostrado el origen de esa inconsistencia, por lo que la única opción del Ministerio Público Federal fue la judicialización del caso.
“En la audiencia ante el juez de Control, la autoridad judicial le volvió a dar la oportunidad para que aportara las pruebas referidas y también para que pidiera a su favor el aplazamiento procesal correspondiente; y ninguna de esas opciones fue tomada en cuenta por el acusado”
Expusieron que si después de cuatro meses y de todas las oportunidades procesales para demostrar su inocencia, resulta que las pruebas que debió de haber entregado ante el Ministerio Público o ante el juez de control, las hace aparecer para argumentar algún tipo de persecución política, “dicha estrategia, por su propio peso, demostrará cuál es la verdad sobre ese particular”.
Este 8 de julio, el ex secretario de Economía y quien fue uno de lo renegociadores del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) aseguró en varias entrevistas a medios los señalamientos en su contra se derivan a que apoyó la campaña del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Nuevo León y busca ser diputado de oposición, algo que según él les gustó mucho al gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Lo que me sorprendió de los representantes de la FGR fue que pidieron al juez que suspenda mi función como servidor público, y claramente solicitaron: Queremos que le impida que tome protesta como diputado”
Asimismo, dijo que se siente “de lo más tranquilo del mundo”, pues no ha tenido ningún comportamiento ilícito y cada uno de los señalamientos “tienen una explicación”. La investigación ya se encuentra en manos del poder judicial; sin embargo, destacó que no existe ninguna orden de aprehensión en su contra y que puede salir del país con el permiso de un juez.
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